• Declaró Miguel Freitas, secretario de organización del sindicato de trabajadores de la empresa Petroperú.

Ojo con la siguiente información a toda la Amazonía del Perú, en especial las ciudades de Iquitos, Tarapoto, Yurimaguas, entre otras; puesto que el gobierno transitorio de José Jerí, dos horas antes del año 2026, publicó decreto donde prácticamente se privatiza Petroperú, una de las pocas compañías de bandera nacional.
Sobre el tema se entrevistó a Miguel Freitas, secretario de organización del sindicato de trabajadores de Petroperú, quien alertó a toda la Amazonía, cuyos negocios, pequeña industria, hospitales, viviendas, etc. se verían afectados muy gravemente, esto porque Petroperú al ser privatizado, ya no brindará el subsidio a los combustibles, con lo que la vida sería mucho más cara de lo que siempre ha sido en Loreto y otras ciudades.
“Están descuartizando a la empresa (Petroperú) y eso es lo peor que le puede pasar a una empresa porque toda empresa funciona de forma integral, desde la gerencia general hasta el último conserje. Petroperú ha tenido un mal manejo político, ponían a gente que no conocía nada a manejar la principal empresa del país y también mucha corrupción por parte de la gente que ha entrado.
Desde mi punto de vista, quieren desaparecer a Petroperú, creo y lo afirmo contundentemente que el país es el que va a perder. Porque si la empresa está mal se puede reorganizarse, se hacen los ajustes, cambios desde la gerencia general, pero acá no quieren, acá quieren poner en partes a Petroperú y en cada uno que funcione una unidad. Lo hacen para desaparecer a la empresa.
Yo estoy pensando bastante en la situación de la Amazonía porque Petroperú subsidia los combustibles a la Amazonía, si se privatiza ya no costaría el mismo precio los combustibles. Los privados ya les cobrarán el transporte. Nosotros enviamos de Talara en camiones cisternas a Pucallpa y de ahí a Iquitos. Y cuando falta gasolina de alto octanaje, llega por el Atlántico y entra a Iquitos.
Pero ahora esto lo hará el privado y ya no será subsidiado por lo que subirá el combustible por lo menos en un 20 a 30 % en zona de selva. A no ser que el Estado subsidie, pero el Estado no quiere subsidiar, se perjudica terriblemente a la población de Loreto, Tarapoto, entre otros.
Sería un retraso tremendo afectando los hospitales, Electro Oriente que funciona con Diésel, pequeñas industrias, negocios. Es una situación bien preocupante y difícil para las ciudades de la selva, en especial para Iquitos.
Acá tiene que pronunciarse el gobierno regional, el consejo regional, las municipalidades, organizaciones sindicales, frentes de defensa, los congresistas, todos. El Estado primero dirá que les subsidiará, pero al año siguiente ya les estarán cobrando mucho más por el transporte y eso desestabiliza a las ciudades de la Amazonía con tarifas muy fuertes.
Nosotros como sindicato y otras organizaciones, hemos interpuesto acciones de amparo, acciones legales para que se detenga esta situación. Hay muchos intereses detrás de todo esto. Contamos con un presidente transitorio quien no debe tomar esas medidas medulares. Este presidente está defendiendo intereses privados que nos afectará a todos. La selva será muy afectada, demasiado” opinó Freitas.
(Luz Marina Herrera Lama).

• Familia denuncia reiteradas atenciones sin resultados y cuestiona la respuesta del sistema de salud ante pacientes de escasos recursos.

Una joven de 22 años, identificada como Luz Clarita Rengifo Pinedo, natural del río Napo, falleció la madrugada de ayer en el asentamiento humano 28 de Julio, en la ciudad de Iquitos, luego de varios días de intenso sufrimiento sin que su enfermedad fuera diagnosticada de manera clara por el personal de salud, según denunciaron sus familiares.
De acuerdo con el testimonio de sus parientes, la joven fue trasladada en reiteradas oportunidades a establecimientos de salud de la ciudad debido a fuertes dolores de cabeza, vómitos constantes y un visible deterioro de su estado físico. Sin embargo, aseguran que solo recibió medicamentos para aliviar momentáneamente el dolor, sin que se le practicaran exámenes especializados que permitieran identificar la causa real de su malestar.
La familia señaló que, pese a insistir en la gravedad del cuadro, la atención brindada fue superficial y que en ningún momento se les informó de un diagnóstico preciso. Con el paso de las horas, la salud de Luz Clarita se agravó, obligándola a regresar a su vivienda, donde finalmente perdió la vida.
Los familiares indicaron que la joven provenía de una familia de escasos recursos y que su condición económica habría influido en la calidad de la atención recibida. “Para los pobres, la atención médica siempre llega tarde”, expresó uno de sus deudos, visiblemente afectado por la pérdida.
Tras el fallecimiento, los parientes manifestaron su indignación y dolor, señalando que sienten que su familiar pudo haberse salvado si se le brindaba una evaluación médica adecuada y oportuna. Consideran que no se actuó con la urgencia que el caso requería, pese a los síntomas evidentes que presentaba.
Si bien algunos familiares mencionaron interpretaciones vinculadas a creencias culturales sobre una posible causa del mal, recalcaron que ello no desvía el problema central: la falta de un diagnóstico médico claro y la ausencia de una atención integral que pudiera haber evitado el desenlace fatal.
El caso ha generado consternación entre vecinos del sector, quienes expresaron su preocupación por las dificultades que enfrentan muchas personas para acceder a una atención médica de calidad en la ciudad, especialmente quienes provienen de zonas rurales o no cuentan con recursos económicos suficientes.
Los deudos de Luz Clarita Rengifo Pinedo hicieron un llamado a las autoridades de salud para que se investigue lo ocurrido y se mejoren los protocolos de atención, a fin de que situaciones similares no vuelvan a repetirse y que ninguna otra familia tenga que pasar por una tragedia como esta.
La familia de Luz Clarita Rengifo Pinedo solicita el apoyo solidario de la población para poder cubrir los gastos de su sepelio. Cualquier ayuda puede realizarse comunicándose o enviando apoyo al número de celular 945473744. (K. Rodriguez)

• Un total de 458 ataques contra la libertad de prensa marcaron el año más violento para el periodismo en el Perú, según reporte de la ANP.

El asesinato del periodista Raúl Celis, ocurrido en la ciudad de Iquitos, colocó a Loreto en el centro del año más letal para el ejercicio periodístico en el país. Así lo advierte el informe anual de la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), que documentó 458 ataques a la libertad de prensa durante el 2025.
El balance presentado por la ANP revela que, a lo largo del año pasado, se registró en promedio más de un ataque diario contra periodistas y medios de comunicación, configurando un escenario de violencia sostenida, hostigamiento y restricciones al derecho a informar en distintas regiones del país.
Entre los hechos más graves figuran cuatro asesinatos de periodistas, siendo uno de ellos el de Raúl Celis en Iquitos. Junto a él, también perdieron la vida Gastón Medina en Ica, Fernando Núñez en Pacasmayo y Mitzar Castillejos en Aguaytía, en crímenes que, según el gremio periodístico, se produjeron en un contexto de alta vulnerabilidad e impunidad.
El informe señala que las amenazas y el hostigamiento encabezaron el listado de agresiones con 127 casos, seguidos de agresiones físicas y verbales, que sumaron 114. A ello se añadieron actos de intimidación judicial y presiones administrativas, mecanismos que según el reporte buscan frenar investigaciones periodísticas y generar autocensura.
De acuerdo con la ANP, el Estado aparece como el principal agresor. Funcionarios públicos concentraron 217 ataques, mientras que las fuerzas de seguridad acumularon otros 121, lo que representa más del 70 % de los casos registrados y evidencia una preocupante contradicción en el rol estatal como garante de derechos fundamentales.
El documento también advierte que el periodismo digital fue el más afectado, con 219 ataques, superando a la televisión, la prensa escrita y la radio. Este dato resulta clave para regiones como Loreto, donde los medios digitales cumplen un rol central en la fiscalización del poder y la cobertura de problemáticas locales.
En cuanto a la distribución geográfica, el informe señala que los meses de mayor violencia coincidieron con periodos de tensión política y social, siendo setiembre el más crítico, seguido de octubre y julio, lo que refuerza la relación entre conflictividad y ataques a la prensa.
Para la ANP, los hechos registrados en 2025 constituyen un golpe directo a la democracia y al derecho de la ciudadanía a estar informada. En regiones como Loreto, el asesinato de Raúl Celis se ha convertido en un símbolo de los riesgos que enfrentan los periodistas y de la urgente necesidad de garantizar justicia, protección y condiciones seguras para el ejercicio de la labor informativa. (K. Rodriguez)