- Y exigen reparación de infraestructura antes de reinicio de clases.
La institución educativa “José Olaya Balandra”, ubicada en el balneario de Santo Tomás, fue tomada por un grupo de padres de familia que exigen la inmediata reparación de su infraestructura antes de permitir el reinicio de clases. La medida de protesta impidió el ingreso de los docentes y administrativos, como una acción de presión para garantizar la seguridad de sus hijos.
«Nosotros, como padres de familia, decidimos tomar las instalaciones porque las paredes están completamente agrietadas, a pesar de ser un colegio nuevo. Sabemos que esto no es culpa del gobernador, pero necesitamos su ayuda para solucionar el problema. Mientras tanto, nadie ingresará al colegio y nuestros niños no iniciarán clases el lunes, porque no queremos que ocurra una desgracia», declaró Jorge Zevallos, padre de familia y vocero del grupo de manifestantes.
El problema que denuncian los padres de familia resulta particularmente preocupante, ya que la Institución Educativa “José Olaya Balandra” es un colegio de reciente construcción. Sin embargo, según indican los manifestantes, las paredes presentan grietas considerables que podrían representar un peligro inminente para los escolares y el personal docente.
«No es posible que un colegio que debería ser un lugar seguro para nuestros hijos presente este tipo de fallas estructurales. Exigimos que se realice una evaluación técnica inmediata y se proceda con las reparaciones necesarias antes de exponer a los niños a un posible accidente», agregó otro de los padres que participó en la toma del colegio.
Los manifestantes han solicitado la intervención del Gobierno Regional de Loreto y de la Gerencia Regional de Educación, instancias responsables de supervisar la calidad de la infraestructura educativa en la región. Además, exigen explicaciones sobre la empresa constructora encargada del proyecto y la fiscalización de la obra.
Esta situación deja en evidencia una preocupante realidad: la falta de garantías en la ejecución de obras públicas y la ausencia de una supervisión eficaz que asegure la seguridad de la comunidad educativa. El inicio de clases en la institución sigue en suspenso, mientras la incertidumbre y la indignación crecen entre los padres de familia.
(C. Ampuero)
