Por: Dr. Edhín Campos Barranzuela
Uno de los principales problemas que tenemos en el país, indudablemente es la inseguridad ciudadana, pues la delincuencia ha llegado a tocar fondo y al mes ocurren un promedio de 36,000 delitos y de acuerdo a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Policía Nacional, cerca de 50 personas son víctimas de la comisión de un delito cada hora.
Eso significa que en cada minuto, se estaría produciendo un hecho punible en el país, lo cual es altamente tóxico.
Arrebatos y raqueteos al paso, robo de celulares, carteristas, robo de autopartes, asaltos en las viviendas y centros comerciales y atracos, en suma delitos contra el patrimonio en sus diversas modalidades.
Amén, de ello hay que agregarle los delitos de violencia contra las mujeres, violación sexual, extorsión, sicariato, usurpación de tierras, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, homicidios, lesiones graves, minería ilegal, tala ilegal de árboles, omisión a la asistencia familiar, entre otros diarios delitos.
Según, se reporta la delincuencia crece de manera alarmante y nada parece detenerla y pese al esfuerzo que hacen algunas autoridades, el problema se incrementa, pues solo el año pasado, se reportaron en todo el territorio patrio un total de 422,010 denuncias en las comisarias por la comisión de diversos delitos.
Esta situación se agrava, con la migración venezolana diseminada a lo largo de nuestros país, esta también ha traído consigo aspectos positivos y negativos de su arribo al Perú.
Existe, una población venezolana que ha venido a trabajar, a superarse y cristalizar su proyecto de vida personal, familiar y profesional, sin embargo, existe otro sector que esperamos sea el minúsculo, compuesto por varones y mujeres que se han dedicado a la prostitución, tráfico ilícito de drogas, sicariato, extorsión, trata de personas, explotación sexual, robo agravado con consecuencia de muerte, homicidios calificados y lavados de activos, en resumen puro crimen organizado.
Dentro de este contexto y aunque parezca paradójico, los principales candidatos a la Presidencia de la República, a los Gobiernos Regional y Locales, su principal tema de campaña, no fue el incremento del empleo o la productividad, o el reordenamiento del tránsito vehicular o la solución al tema ambulatorio, el principal problema de campaña, fue precisamente la inseguridad ciudadana.
Sin embargo, al cabo de algún tiempo de gobierno poco o nada se ha hecho, toda vez, que la lucha contra la delincuencia, aún no encuentra la fórmula para disminuirla, controlarla, acusarla y sancionarla ejemplarmente y sobre todo no existe un trabajo articulado en todas las esfera del Estado.
Falta liderazgo, para emprender la lucha contra la delincuencia en todas sus modalidades, no solamente el trabajo debe ser la lucha contra la contra la corrupción, que ciertamente es un mal endémico y que hay que combatir, también se le debe dar la misma prioridad y firmeza para poder prevenir, investigar, juzgar y sancionar a la delincuencia ordinaria.
Para poder combatir este flagelo, tenemos que emplear la tecnología de punta y una de esas alternativas, sería poner en funcionamiento a nivel nacional el Botón de Pánico, instalado por el Poder Judicial en algunos distritos judiciales, que permite que con un solo clip en el celular de la víctima que se encuentra en circunstancias de peligro, a causa de la comisión de cualquier delito, pueda ser inmediatamente auxiliada, por el Serenazgo y la Policía Nacional del sector.
Diario Uno, precisa que si bien Lima, concentra cerca del 50% de la comisión de diversos delitos registrados y denunciados ante la Policía Nacional y Serenazgo, es una realidad que también se agrava en las principales capitales de departamento, como Trujillo, Lambayeque, Piura, Cuzco y Arequipa.
Otro dato importante, es el alto costo que tiene que asumir el Estado, para el mantenimiento de cerca de 65 establecimientos penitenciarios en el país, con una población carcelaria que bordea los 95,550 internos, que viene purgando carcelería por la comisión de diversos delitos, sea en calidad de procesados o sentenciados.
Es tan grave la ola delictiva que se vive en el país, que no se puede salir de nuestra viviendas un fin de semana o caminar por una sólida avenida, sin tener el temor de ser asaltados y que se atente contra nuestra integridad física.
Urge replantear políticas de Estado, para controlar la ola delictiva y se debe prevenir, investigar, juzgar y sancionar con todo el peso de la ley, contra aquellas personas que cometen delitos graves y que atentan contra la propia seguridad ciudadana.
Se tiene que articular con todos los sectores públicos y privados para dicho cometido, pues estamos comprometidos para luchar contra este grave flagelo y para ello también urge replantear políticas de Estado de igualdad de oportunidades y fomentar una verdadera política cultural, educativa, deportiva para nuestros jóvenes. Se corre traslado.
