- La organización indígena solicitó una medida cautelar y una petición ante la Comisión
- Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al gobierno del Perú tras poner en riesgo
la vida de pueblos aislados.
Desde hace más de 30 años, las organizaciones indígenas solicitan la creación de reservas indígenas Yavarí – Tapiche (Loreto), Kakataibo (Ucayali), Yavarí Mirim (Loreto), Sierra del Divisor Occidental (Loreto y Ucayali), Napo-Tigre (Loreto) y Atacuari (Loreto). Todo ello, con la finalidad de salvaguardar la vida e integridad de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario o Contacto Inicial (PIACI); en otras palabras, aquellos pueblos que no mantienen contacto con la sociedad nacional, mejor conocidos como los “no contactados”.
“Numerosos pueblos indígenas en aislamiento habitan la amazonia norte y central del Perú, así como zonas transfronterizas. Estos pueblos rechazan relacionarse directamente con personas ajenas a sus propias colectividades, viven de la flora, fauna y otros recursos existentes en sus territorios y carecen de defensas inmunológicas frente a enfermedades externas y desconocidas para ellos”, explica Beatriz Huertas, antropólogo y especialista PIACI de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio).
Por ello, señala la especialista, “desde los años noventa las organizaciones indígenas vienen demandando al Estado el reconocimiento oficial de sus territorios y su protección para garantizar la integridad y continuidad de estos pueblos. Sin embargo, hasta ahora no se ha establecido ninguna de las reservas solicitadas y, menos aún, se han implementado mecanismos de protección en estas áreas”.
“Por el contrario, las actividades extractivas y de infraestructura, así como el narcotráfico, avanzan sobre estos territorios y llevan consigo la amenaza de expansión del COVID 19 y otras enfermedades hacia estos pueblos, pudiendo causar su extinción. Ante ello, urge la intervención de organismos supranacionales de defensa de los derechos fundamentales, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, concluye Beatriz Huertas.
El Estado ha reconocido oficialmente la existencia de la mayor parte de estos pueblos. Sin embargo, no ha reconocido sus territorios y, menos aún, ha implementado mecanismos de vulnerabilidad del sistema inmunológico de los miembros de estas poblaciones ante el COVID-19, el Estado peruano no realizó ninguna acción concreta para preservar su vida e integridad.
Sucedió todo contrario, el Estado autorizó la entrega de concesiones forestales y de hidrocarburos. Incluso, permitió la realización de actividades extractivas como la extracción de petróleo, desarrollo de la minería ilegal y avance de la tala en comunidades cercanas a los territorios de los PIACI. En este sentido, se sitúa la subsistencia de estos pueblos ante el peligro de un futuro incierto por el COVID-19.
Ante ello, Orpio -organización representativa de los pueblos y comunidades indígenas de Loreto en Perú-, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, Canadá, solicitan urgentemente una medida cautelar y una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
