«Nosotros, los pueblos indígenas representados por la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a la propuesta de Decreto Supremo que busca crear una Comisión Multisectorial liderada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para promover el desarrollo de actividades de hidrocarburos en áreas clasificadas o categorizadas como Áreas Naturales Protegidas (ANP) y Reservas Indígenas destinadas a la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).
Nos preocupa especialmente que, conforme a la propuesta, esta Comisión pueda formular propuestas normativas y mecanismos administrativos dirigidos a revisar, modificar o derogar restricciones o prohibiciones actualmente existentes para la ejecución de proyectos de hidrocarburos en estos espacios. Para ORPIO, este planteamiento representa un grave riesgo de retroceso en las garantías construidas para proteger la vida, los territorios y los derechos de los pueblos indígenas.
Ante ello, ORPIO expresa lo siguiente:
- Rechazamos la creación de una Comisión Multisectorial cuya actuación pueda orientarse a eliminar, reducir o flexibilizar las restricciones que actualmente protegen las Áreas Naturales Protegidas y las Reservas Indígenas PIACI frente a actividades de hidrocarburos. Las restricciones existentes no son obstáculos administrativos que deban ser removidos para facilitar inversiones: constituyen garantías destinadas a proteger territorios, ecosistemas y, principalmente, vidas humanas. En el caso de los pueblos indígenas en aislamiento, permitir actividades extractivas, infraestructura, campamentos, trabajadores o cualquier intervención externa en sus territorios puede provocar contactos forzados, desplazamientos, enfermedades y consecuencias irreversibles para pueblos enteros.
- Exigimos al Ministerio de Cultura y al Poder Ejecutivo cumplir con su obligación de garantizar la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y culminar, con la debida diligencia, los procesos pendientes para el establecimiento y categorización de las Reservas Indígenas. La demora del propio Estado no puede ser aprovechada por otro sector del mismo Estado para introducir un nuevo factor de amenaza sobre esos territorios. Resultaría especialmente grave que años de dilación en el reconocimiento y protección efectiva de los territorios PIACI terminen siendo utilizados para promover actividades de hidrocarburos precisamente en aquellos espacios que requieren mayor protección. Un territorio cuya protección definitiva se encuentra pendiente no es un territorio vacío ni disponible para actividades extractivas.
- Rechazamos también cualquier intento de presentar las Áreas Naturales Protegidas como espacios disponibles para ampliar la frontera extractiva. Muchas ANP se encuentran vinculadas histórica y territorialmente a pueblos y comunidades indígenas que han protegido estos bosques durante generaciones. Son territorios fundamentales para nuestra alimentación, nuestras fuentes de agua, nuestra cultura y nuestra propia continuidad como pueblos. Por ello, modificar sus condiciones de protección sin considerar los derechos de los pueblos indígenas puede significar también una vulneración de nuestros derechos colectivos. La conservación de la Amazonía no puede construirse excluyendo a quienes históricamente la hemos protegido, ni puede debilitarse para facilitar nuevas actividades extractivas.
- Exigimos al Poder Ejecutivo detener esta propuesta y abstenerse de aprobar cualquier medida destinada a revisar, modificar o derogar las restricciones que protegen a las Reservas Indígenas PIACI y las Áreas Naturales Protegidas frente a actividades de hidrocarburos. Asimismo, demandamos al Congreso de la República ejercer plenamente sus funciones de fiscalización y control político sobre las actuaciones del Ejecutivo que puedan representar un retroceso en la protección de los pueblos indígenas. El Estado peruano debe actuar de manera coherente con sus obligaciones de protección de los derechos fundamentales y con los tratados internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas que ha asumido».
