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Las organizaciones de sociedad civil e instituciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Perú, reunidas hace más de 10 años como el “Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia” vienen haciendo un llamado, a las autoridades electas y en ejercicio en los tres niveles de gobierno de todo el país, a garantizar el presupuesto necesario para la articulación e implementación de las metas y objetivos planteados en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021 – PNAIA, en cumplimiento con la Ley 30362 que lo declara de interés nacional y de preferente atención en el presupuesto público y establece que los recursos para ello sean consignados en las leyes anuales de presupuesto a través de pliegos nacionales, regionales y locales.
Para hacer posible estos objetivos consideran fundamental fortalecer las capacidades y funciones de la Comisión Multisectorial Permanente que tiene a su cargo la implementación y monitoreo del PNAIA, procurar la cobertura de los servicios de protección y asegurar su intersectorialidad, transversalidad y universalidad en el cumplimiento del plan, a nivel público y privado y a nivel nacional, con un enfoque de género, inclusivo e intercultural, con participación de la sociedad civil.
Ampliar la asignación presupuestal orientada a la protección frente a la violencia y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, y que se impulse la implementación prioritaria de la Ley 30403 que prohíbe el castigo físico y humillante.
Lograr la universalización de acceso a salud pública, la ampliación de la cobertura de vacunaciones, reforzar el proceso de seguimiento para la reducción de la anemia, la desnutrición crónica, el embarazo adolescente y de los casos de tuberculosis.
“Aplicar las estrategias adecuadas y necesarias para lograr la cobertura universal de la educación inicial y primaria de calidad, así como la culminación oportuna de la educación secundaria, con especial atención a los y las estudiantes en áreas rurales. Implementar mejoras en las funciones de registro, supervisión e intervención directa para la reintegración familiar de niñas, niños y adolescentes que son desinstitucionalizados, con presupuesto y mecanismos para garantizar su derecho a vivir en familia”, expresaron los integrantes de la Mesa de concertación de Lucha contra la Pobreza.
Implementar programas que aseguren la participación significativa y protagónica de las niñas, niños y adolescentes en los espacios donde se toman decisiones que los involucran e interesan; como los CCONNAs, Presupuestos Participativos y otras instancias en los diferentes niveles de gobierno, promoviendo así, el ejercicio de su ciudadanía en la escuela, la familia, la comunidad y el país.
Estas y otras mejoras que el Estado implemente para garantizar los derechos de la niñez, contribuyen al cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño al Estado Peruano en enero del presente año.
Expresamos nuestra firme voluntad de trabajo continuo con el Estado para lograr los objetivos y metas del PNAIA, que han sido recogidas en el Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Integral del Perú 2016-2021 suscrito por el Presidente electo Pedro Pablo Kuczynski así como por las y los candidatos a la Presidencia de la República, y contribuyen a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda Global 2030.
“Nuevamente nos reafirmamos en la labor que desarrollamos, con la esperanza de lograr un país mejor cohesionado, con justicia y equidad, con una sociedad civil activa y un Estado eficaz”, explicaron. (MIPR)
