- Moradores del pasaje Primero de Septiembre, en el asentamiento humano Múnich, cuestionan la propiedad alegada por el demandante y anuncian acciones legales para evitar el desalojo.
Momentos de tensión viven 21 familias del pasaje Primero de Septiembre, en el asentamiento humano Múnich, luego de que el Poder Judicial emitiera una orden de desalojo sobre el terreno donde actualmente se encuentran construidas sus viviendas.
La medida judicial se originó a partir de una demanda presentada por Julio Vega Astuaman, quien sostiene ser propietario del predio. Sin embargo, los moradores rechazan esta versión y aseguran que el terreno pertenecería al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI).
Según señalaron los vecinos, el demandante nunca habría residido en el lugar y el terreno se encontraba desocupado cuando las familias comenzaron a posesionarse hace más de 15 años. Esta afirmación corresponde a la versión de los moradores y deberá ser contrastada con la documentación existente.
Ante la posibilidad de que el desalojo sea ejecutado este viernes, las familias colocaron un cartel con el mensaje “El único dueño es COFOPRi” y una bandera del Perú como forma de protesta frente a la medida judicial.
Los residentes también cuestionaron el certificado de posesión presentado por Julio Vega Astuaman y sostuvieron que este documento habría sido obtenido de manera presuntamente irregular. Esta acusación deberá ser verificada por las autoridades competentes.
Para enfrentar el proceso, los moradores informaron que contrataron a un abogado con el objetivo de realizar las acciones legales necesarias y solicitar la revisión de los documentos que sustentan la orden de desalojo.
Los vecinos recordaron que esta es la segunda vez que afrontan una situación similar y manifestaron su preocupación por la posibilidad de perder las viviendas que ocupan desde hace varios años junto a sus familias.
Finalmente, solicitaron que las autoridades revisen el caso, determinen con claridad la situación legal del terreno y garanticen el respeto de los derechos de todas las partes antes de ejecutar cualquier medida de desalojo. (K. Rodriguez)
