Estarán esperando las primeras muertes para salir a gritar a los cuatro vientos que la lucha contra la minería ilegal en los ríos de la Amazonía loretana es prioridad para el Estado peruano, mientras tanto, en los altos niveles de gobierno se hace oídos sordos, escuchan los reclamos desde las cuencas de los ríos Tigre y Nanay, pero no se manifiestan con acciones concretas y firmes en esa lucha para poner punto final a la contaminación que a diario se realiza con mercurio.
Qué más tiene que pasar, además de los reclamos, el cierre de los ríos que nos enfrenta más entre loretanos, porque hay mucha gente que necesariamente tiene que usar esas rutas fluviales por labores lícitas, pero por los que trabajan en las dragas y sus cómplices, han tenido que llegar a medidas de protesta un tanto extremas.
Se necesita acciones concretas y no solo palabras de solidaridad hacia la lucha de los hermanos loretanos de las cuencas afectadas, ya que eso suena a hipocresía, si lo dices desde una ubicación donde las iniciativas pueden resonar directamente en el gobierno nacional que ahora dirige el presidente de la república, José Jerí, quien ya es momento que mire a esta parte de la selva del país que necesita presupuesto para todas las entidades que luchan contra la extracción ilegal aurífera de los ríos.
Estamos en la práctica en emergencia porque la contaminación de los ríos avanza sin piedad en perjuicio de las poblaciones más cercanas a las ubicaciones de las dragas, y en un tiempo no tan largo afectaría a la ciudad de Iquitos que se abastece del río Nanay para convertirla en agua potable y distribuirla a más de 500 mil personas.
Se necesita acciones rápidas, que el Presidente puede liderar porque también representa a las Fuerzas Armadas, desde su envestidura política de gobierno, y porque se necesita de estrategias de incursión en zonas agrestes, además porque los líderes de las poblaciones vienen recibiendo amenazas de muerte. El foco principal está señalado que es la zona de Alvarenga, donde está la mafia de extranjeros que operan libremente en nuestro territorio, que es una afrenta indignante, no solo para las comunidades nativas del Alto Nanay, sino para todos los loretanos.
Así las cosas, el Consejo de Ministros debe abordarlo también en el menor tiempo posible, porque son varios ministerios cuyas competencias se relacionan directamente con esta problemática.
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