Jueces de la Oficina de Control de la Magistratura de Loreto (ODECMA), doctores Pascual del Rosario, Javier Sologuren (jueces superiores), y Percy Munguía (juez de Primera Instancia), realizaron los pasados días 14 y 15 de julio, las Visitas de Control Ordinarias a los Juzgados Mixtos y de Paz Letrados de la fronteriza provincia de Ramón Castilla-Caballo Cocha, a cargo de los magistrados titulares doctores Nolberto Ramírez Maguiña y Javier Rubio Zavaleta, respectivamente. Como parte de esta actividad de control, el día 14, en horas de la mañana, en el local de la Sala de Audiencias de los referidos juzgados (Calle Progreso N° 207, Caballo Cocha), se desarrolló el evento denominado «DIÁLOGO CON LA JUSTICIA» que contó con la participación de delegados de las organizaciones cívicas, representantes de los medios de comunicación local, del Centro de Emergencia Mujer, usuarios del servicio de justicia, así como de diversas autoridades de la provincia, entre otros.
El «Diálogo con la Justicia» concitó la atención de la opinión pública local, pues en ella se abordaron diversos tópicos relacionados con el servicio de justicia que se brinda en la provincia, entre ellos, el retardo procesal, las serias limitaciones para notificarse a los litigantes y demás usuarios que domicilian fuera de la ciudad de Caballo Cocha, a quienes no les llega con oportunidad las notificaciones de las diligencias judiciales (particularmente de los juicios penales); situación que obliga a reprogramar los actos procesales, con el consiguiente retardo en la resolución de los conflictos. Al respecto, se propuso que los Juzgados debían contar con movilidad fluvial propia, a fin de llegar con oportunidad a las comunidades y distritos más alejados. Similares propuestas se hicieron para mejorar el trabajo policial y de la Fiscalía. A su turno, el comisario PNP de la provincia, intervino refiriendo el escaso número de efectivos policiales con que cuenta para atender un extenso territorio que limita con países vecinos como Colombia y Brasil, donde el narcotráfico, la trata de personas, entre otras actividades ilícitas, han sentado sus reales. Asimismo, refirió el problema alimentario de los detenidos hasta su traslado a la ciudad de Iquitos u otros lugares, según corresponda; traslados que deben ser realizados por vía aérea a fin de evitarse fugas de los detenidos; lo que requiere contar con recursos económicos, de lo que carecen. Esta falta de apoyo económico no sólo afecta a los reos adultos, sino también a los menores infractores y tutelados.
Otras intervenciones incidieron en el grave problema de inseguridad ciudadana que se vive en las localidades de frontera como Santa Rosa y los centros poblados ubicados a lo largo del río Yavarí (frontera con Brasil), donde campean el tráfico ilegal de madera, el narcotráfico, el contrabando, entre otras actividades delictivas que propician la existencia de grupos armados irregulares que actúan generalmente en horas de la noche, trasladándose entre localidades fronterizas de Perú, Brasil y Colombia. En vista de ello, solicitaron una mayor presencia policial en las localidades fronterizas y una mayor coordinación con la policía de los países vecinos, a fin de intensificar la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de madera, el contrabando, entre otros.
Los jueces contralores manifestaron que iban a trasladar estos requerimientos a las autoridades competentes. Asimismo, las propuestas recibidas para la mejora del servicio de justicia en la provincia, van a ser puestas en conocimiento de los órganos de gobierno del Poder Judicial, a fin que se provean de los recursos materiales y de personal que se requiere, entre los cuales está la construcción del Módulo Básico de Justicia de la provincia, cuyo terreno se encuentra en estado de práctico abandono.
