- Decisión está plasmada en la Resolución Seis, en torno al Expediente 0604-2023 sobre indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento de contrato.
La Corte de Justicia de Loreto, suspendió la sentencia contra los trabajadores de Sedaloreto, Héctor Acuña Suárez, Yilda Cambero Scherader, Herbert Pinedo Magipo, por apelación presentada por los denunciados en la que argumentan que quien es responsable del pago con orden expresa, fue el gerente general José Luis García Cardich.
Por lo cual la apelación se concede con efecto suspensivo a favor, debido a que implican al gerente general de la empresa Sedaloreto, quien había sido sacado del proceso y del informe de control de OCI. Ahora las investigaciones a nivel de poder judicial, continuarán.
¿Pero de qué se trata todo lo descrito?
En resumen, se trata de la adquisición de 3,150 kilos de insumos (policloruro de aluminio) para potabilizar el agua para Iquitos y Requena. Pero resulta que Sedaloreto, le pagó a la empresa, sin haber advertido que ésta los estaba entregando fuera del plazo establecido. No le cobraron penalidad. Un caso que se registró en el mes de agosto del año 2020.
En la auditoría que hace OCI de esa empresa (Informe 002-2022), incluyó a los trabajadores demandados, pero dejaron fuera de responsabilidad al gerente general José Luis García. No lo incluyeron en el informe de control, tampoco en la demanda ante el poder judicial. Tampoco incluyeron al jefe del almacén que es quien otorga la conformidad cualitativa y el responsable de verificar y contar la entrega de bienes.
El gerente general quedó fuera de responsabilidad, según descargos de los demandados; pese a que fue el que autorizó el pago. “Sin su autorización el pago no se podría llevar adelante” precisan. No incluyeron al gerente de finanzas que era quien hacía los trámites previa conformidad de la información para que se proceda a la tramitación del pago. Señaló que todo estaba conforme.
Al jefe de la oficina de control de calidad, que no informó de la falta de entrega de bienes. Además, según la denuncia, responsable al haber emitido un informe a la comisión de auditoría indicando que no realizó el control cualitativo a los 3,150 kilos del insumo policloruro de aluminio.
Todo el problema se dio en torno a la ejecución del contrato 032-2019, para adquirir el insumo para el tratamiento de agua en Iquitos y Requena. Argumentando que este se recepcionó fuera del plazo establecido, sin advertir que se incurrió en penalidades por mora y haber autorizado el pago de valorización del contratista, sin contar con la conformidad cualitativa. Inaplicación de penalidad por 103, 598 soles.
OTASS DEBE SALIR DE SEDALORETO.
Hay que recordar que esta ingresó en el mes de julio del año 2017, cuando estaba como alcaldesa la Arq. Adela Jiménez. Quien hizo tanto daño, ahora se evidencia con más claridad, fue el ministerio de vivienda. Este intervino la empresa Sedaloreto por tener resultados económicos negativos en sus recaudaciones y otros puntos.
Entonces con la venia de quienes administraban Sedaloreto, en esos años; proceden a la intervención. Ingresa OTASS, se supone que, de manera temporal por 3 años, pero ya llevan 7 años y con resultados económicos catastróficos. Al borde de la quiebra, ellos así lo han manifestado luego de hacerse acreedores de una multa millonaria por parte de SUNASS.
OTASS asumió la administración para lo que designaron a 5 gerentes de la capital, algunos llegados desde Huánuco, donde ya habían tenido problemas. Al gerente general, al asesor jurídico, al administrador financiero, al gerente de operaciones y al gerente comercial. Todos ganando sueldos muy por encima de los profesionales loretanos que laboran hace años en la empresa mencionada.
(Luz Marina Herrera Lama).
