- La abogada Karina Garay advirtió que la minería ilegal no debe ser tratada como un problema distante y pidió que las candidaturas regionales y municipales expliquen qué acciones plantean.
La abogada Karina Garay, vocera del Observatorio de Minería Ilegal, sostuvo que el avance de esta actividad en Loreto requiere una mayor atención pública y cuestionó que, según su evaluación, el tema tenga todavía una presencia limitada en las propuestas que vienen exponiendo las candidaturas que participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
Durante entrevista, Garay explicó que el Observatorio desarrolla en Iquitos un taller dirigido a periodistas y comunicadores con la finalidad de proporcionar información y herramientas para comprender las consecuencias de la minería ilegal. Señaló que los medios mantienen contacto permanente tanto con la población como con quienes aspiran a ocupar cargos públicos, por lo que pueden incorporar este problema en sus entrevistas y coberturas electorales.
La representante del Observatorio mencionó particularmente la situación del río Nanay, principal fuente de abastecimiento de agua de Iquitos, además de otras cuencas donde se reporta presencia de minería ilegal, entre ellas los ríos Tigre y Curaray. En ese contexto, consideró necesario que las candidaturas expliquen las medidas que proponen dentro de las competencias de los gobiernos regionales y locales para enfrentar las consecuencias de esta actividad.
Garay señaló que el problema no debe analizarse únicamente desde sus impactos sobre el agua, los bosques y otros recursos naturales. Según explicó, alrededor de las economías vinculadas a la minería ilegal también pueden desarrollarse otros delitos, mencionando entre ellos la trata de personas, el sicariato, las extorsiones y el lavado de activos. Asimismo, alertó sobre los riesgos derivados de la exposición al mercurio utilizado en la extracción ilegal de oro.
Respecto de las responsabilidades del Estado, reconoció que el Gobierno nacional tiene competencias centrales sobre la política minera, pero recordó que los gobiernos regionales también ejercen funciones relacionadas con la pequeña minería y minería artesanal. Añadió que las municipalidades cuentan con determinadas competencias de fiscalización en sus jurisdicciones, por lo que sostuvo que enfrentar el problema demanda una intervención articulada entre los diferentes niveles de gobierno.
La vocera también expresó preocupación por la posible influencia de recursos procedentes de actividades ilegales en el financiamiento político. Garay afirmó que existen antecedentes de vínculos entre intereses mineros y actores políticos y sostuvo que este riesgo debe ser observado durante las actuales campañas. Estas afirmaciones corresponden a la representante del Observatorio y, respecto de candidaturas específicas, requerirían evidencia y verificación individual antes de atribuir responsabilidades.
En ese escenario, Garay destacó la importancia de que periodistas y comunicadores dispongan de herramientas que les permitan investigar lo que ocurre en zonas alejadas sin depender exclusivamente de desplazamientos hasta los lugares afectados. Indicó que el Observatorio dispone de información y recursos tecnológicos que pueden contribuir a documentar la expansión de actividades extractivas ilegales y facilitar una cobertura sustentada en datos.
Finalmente, sostuvo que el taller busca fortalecer las capacidades de los medios para mantener la problemática en la discusión pública y formular preguntas concretas a quienes participan en el proceso electoral. El planteamiento del Observatorio es que las propuestas frente a la minería ilegal, la protección de los ríos y las alternativas para las poblaciones afectadas puedan ser conocidas y contrastadas por la ciudadanía antes de las elecciones. (K. Rodriguez)
