– Refieren la falta de mecanismos adecuados y suficientes para la participación y debate en el proceso
Llegan a las máximas instancias. Hasta la Presidencia del Consejo de Ministros, PCM, la Defensoría del Pueblo, envió un documento donde expresan su preocupación por la dación del Decreto Supremo Nº 051-2011-PCM, una norma que dispone iniciar el Programa de Reparaciones Económicas Individuales (PREI) a favor de las víctimas de la violencia ocurrida en el período 1980-2000.
Refieren que el inicio del PREI debe constituir una señal inequívoca por parte del Estado de su obligación de reparar a las miles de víctimas. Por ello, observan con suma preocupación que la norma contravenga la finalidad, algunos de los principios y enfoques de la propia norma que creó el Programa Integral de Reparaciones (PIR) y su Reglamento.
Entre los aspectos que merecen mayor atención se encuentra la conclusión del período de determinación e identificación de beneficiarios del PREI, para el cual el cual se ha fijado el 31 de diciembre del 2011. Esto contradice el carácter inclusivo y permanente del RUV, señalado en el artículo 68° del Reglamento de la Ley Nº 28592.
Del mismo modo, la norma introduce criterios de pobreza o necesidad para los padres de las víctimas fallecidas o desaparecidas, al condicionar el pago de reparaciones a que no cuenten con «soporte familiar». Esta exigencia no está prevista en el Reglamento de la Ley del PIR, que desconoce la finalidad reparadora de este proceso.
Por su parte, Gisella Vignolo, Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, señaló que otro aspecto observado por la Defensoría del Pueblo, y que resulta fundamental, es el referido a la falta de mecanismos adecuados y suficientes para la participación y debate en el proceso que definió los montos de la reparación, al haberse incumplido el enfoque participativo que reconoce el Reglamento del PIR. La funcionaria explicó que el propio Consejo de Reparaciones, entidad dependiente de la PCM, también ha cuestionado la falta de discusión y debate de la propuesta aprobada por el Ejecutivo, y se ha pronunciado sobre la necesidad de involucrar a las víctimas en la toma de decisiones. (MIP)
