- Monseñor Miguel Ángel Cadenas cuestiona la falta de acción del gobierno frente a la minería ilegal y advierte sobre el grave impacto en la salud.
El obispo del Vicariato Apostólico de Iquitos, monseñor Miguel Ángel Cadenas, lanzó una severa crítica al Estado peruano por su falta de acción frente a la contaminación con mercurio que provoca la minería ilegal en la Amazonía.
El pronunciamiento se dio tras conocerse los estudios realizados por el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), que confirman elevados niveles de este metal en pobladores asentados a orillas de los ríos Nanay y Putumayo. A pesar de estas evidencias, el gobierno mantiene una postura de indiferencia y ausencia en el tema, cuestionó el obispo.
“No me creo que no haya plata… lo que ocurre es que conscientemente no quieren dedicarla a aquello que es absolutamente necesario para proteger a la población”, manifestó Cadenas, al referirse a la justificación de que los exámenes médicos resultan altamente costosos.
El obispo también destacó el rol de CINCIA como institución científica que busca “abrir los ojos de la ciudadanía” y exhortó a las universidades locales, nacionales e internacionales a realizar más investigaciones sobre la contaminación en los ríos amazónicos. “Hasta ahora sabemos del Putumayo y el Nanay, pero somos conscientes de que no son los únicos ríos donde probablemente haya mercurio y donde también hay minería ilegal”, advirtió.
En su intervención, alertó que, pese a los esfuerzos de monitoreo, el número de dragas continúa en aumento. Estas embarcaciones, señaló, ingresan “tanqueadas al 100% con combustible”, lo que facilita la expansión de la minería ilegal y agrava la situación ambiental en la selva peruana.
Monseñor Cadenas expresó su preocupación por el impacto que este problema genera en la salud de las comunidades amazónicas, que dependen de los ríos para su subsistencia. “Estamos hablando de la vida de la gente, no de un tema secundario”, insistió.
Finalmente, el líder religioso hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y regionales para que asuman con firmeza su responsabilidad y adopten medidas efectivas que respondan a las demandas de la población afectada por la contaminación y la minería ilegal. (K. Rodriguez)
