El distrito de Andoas, en la provincia fronteriza de Datem del Marañón, región Loreto, concentra una población de más de 7 mil habitantes distribuidos en cinco centros poblados.
Llegar a esta localidad demanda el uso de transporte aéreo, que es ocasional y de elevado costo, o una dilatada travesía por río. La falta de conectividad terrestre (como digital), conlleva al abastecimiento de alimentos perecibles desde la vecina República de Ecuador, vía río Pastaza.
Su riqueza de petróleo la podría posicionar como jurisdicción desarrollada. Sin embargo, la pobreza lacera y la débil presencia del Estado también.
Son indiscutibles las limitaciones para el acceso a servicios básicos de calidad; tanto por la carencia de los mismos como por la precariedad de sus condiciones físicas; pero, aparte de todas esas necesidades, llama la atención de forma alarmante la anarquía de la vida social en su localidad de Nuevo Andoas.
Tranqueras ilegales desafían toda norma
Existen tranqueras de acceso en cada entrada a la localidad; un hecho prohibido por la Constitución, habiéndo proscrito su uso en todo el país por mandatos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Empero, pareciera que las leyes y mandatos jurisdiccionales no cuentan en Nuevo Andoas y José Olaya.
Al mismo tiempo, la intensa actividad comercial está fuera del control de las autoridades, dada la inexistencia de algún puesto de Aduana o de vigilancia fronteriza.
A saber, a través del río Pastaza, llegan desde el Ecuador a Nuevo Andoas múltiples cargamentos, acoderándose en puestos informales bajo grupos de poder sin rostro, generando una lotización en las riberas de este afluente.
Misterio: Camionetas de lujo en medio de la pobreza
Durante la investigación periodística, se descubrió la existencia de más de 50 camionetas nuevas, marca “pick up”. Bienes de alto valor; pero un lujo innecesario que se contrapone al paisaje de pobreza extrema en que viven la mayoría de habitantes.
¿A quién le pertenecen? Es un misterio, incluso varias no cuentan con placa de rodaje ¿Para qué se usan? Si no existen carreteras, sólo trochas. Por ello, no se descarta su posible origen y uso delictivo que deben esclarecerse por el bien de la sana vida ciudadana.
Extraoficialmente, supimos que algunos de estos vehículos los alquilan a la empresa petrolera por montos mensuales de hasta 18 mil soles por unidad, con prescindencia de que sean o no útiles para ésta. A su vez, y muy extrañamente, está limitado el uso de motocarros.
Asemeja, entonces, esta transacción a un mecanismo de coacción ilegal por grupos no identificados públicamente.
Esta situación de anarquía social en Nuevo Andoas y José Olaya es inadmisible, pues en ella ejercen poder fáctico intereses desconocidos que se encubren en las llamadas comunidades nativas.
Sobre ello, existe evidencia gráfica que respalda el hecho de que la industria petrolera se inauguró en una zona deshabitada. Luego, se fueron formando poblaciones migrantes con presencia de grupos de poder, interesados en sacar provecho económico de la empresa extractiva del crudo. Un oportunismo evidente.
Estos hechos graves son motivo de urgente intervención de la Policía Nacional, Ministerio Público, como del Gobierno Regional y Nacional, a fin que investigue a los aún desconocidos grupos de poder oculto; afirmándose la presencia efectiva de las entidades públicas a cargo de la seguridad, y de la vigencia del Estado de Derecho.
Solicitan Comisaría y agencia del Banco de la Nación
A través de la alcaldía distrital de Andoas, se hizo pública la necesidad de una comisaría, oficina del Ministerio Público y agencia del Banco de la Nación.
Y es que no hay forma de preservar el orden público y la seguridad en estas localidades, y tampoco se logra formalizar investigaciones penales o éstas se hacen tardíamente.
Son más de 7 mil pobladores que viven en zozobra. Acontece un hecho ilícito, y recién después de dos días de viaje se llega a San Lorenzo, capital de la provincia de Datem del Marañón; lugar donde por fin hay comisaría y Ministerio Público.
Después de esos dos largos días, se pretende ejecutar la captura policial y las diligencias que corresponden a la Fiscalía. Es decir, cuando el autor de una violación, robo, u otro delito certeramente emprendió fuga.
Al mismo tiempo, se requiere una agencia del Banco de la Nación por los cientos de personas beneficiarias de Pensión 65, del bono de orfandad del Ministerio de la Mujer, como por los trabajadores públicos que acceden al servicio bancario. Todos ellos, enfrentan la misma brecha geográfica de este dilatado viaje fluvial. Inaceptable.
