- Declaró el Dr. Aldo Atarama, presidente de la Sala Penal de Apelaciones en Liquidación, de la Corte Superior de Justicia de Loreto.
Manifestó en torno a que hace 10 días el Tribunal Constitucional, en efecto, resolvió que los jóvenes de 16 y 17 años no pueden ser juzgados bajo la ley con la que se juzga a los adultos.
Siendo que hace un mes o dos, la CSJL ya había resuelto de esa manera, dejando que el juzgado de familia escuche y resuelva los casos que involucran a menores de edad, estando ellos en libertad, no con prisión preventiva.
“La situación del Poder Judicial a nivel nacional, tiene muchas debilidades. Una de las cuestiones centrales es el presupuesto. Esta región es considerada como una región pequeña para la judicatura, no obstante, hay un sinnúmero de procesos penales contra algunos ex funcionarios de los gobiernos regionales que no se pueden desarrollar porque son procesos grandes, procesos complejos y porque no tenemos juzgados anticorrupción.
Los juzgados que tenemos no se abastecen. Hay gente que trabaja hasta las 10 pm. con audiencias, algunas muy pequeñas, pero no se puede. Y eso hace que se retrasen los procesos de corrupción de funcionarios públicos. Es parte de la realidad. El presidente de la Corte Superior ya ha planteado esto ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, pero ellos también están amarrados por la falta de presupuesto.
No es una responsabilidad de nosotros en Loreto, tampoco del Consejo Ejecutivo, sino que se da por la falta de recursos económicos. Exigimos y necesitamos que nos doten de los recursos económicos correspondientes para poder enfrentar los delitos de corrupción de funcionarios que son importantes.
Más aún que ahora vivimos un proceso electoral en donde hay muchos participantes postulando que antes fueron autoridades o primerizos, pero que tienen delitos pendientes. Muchos no están condenados, pero están procesados y con procesos delicados, graves que deberíamos haber terminado, pero con las condiciones en que nos desarrollamos no podemos avanzar.
En cuanto a la seguridad ciudadana, está el juzgado de flagrancia donde llegan los casos que se resuelven de manera inmediata. Hay un alto índice de resoluciones de esos procesos, la mayoría por receptación, manejar en estado de ebriedad y violencia familiar. Pero esperamos que nos abran la puerta para que otros delitos sean vistos ahí y puedan resolverse de manera rápida y solo queden los procesos más complejos”, expuso Atarama Lonzoy.
La inestabilidad de los penales, con el cambio de directores del INPE es otro tema que preocupa…
-Sí, lamentable. Cada vez que entra un director, lo cambian de manera inmediata o esperan un par de semanas para hacer los cambios. Esto genera inestabilidad en los establecimientos penales, además, se dice que desde ahí es donde se arman algunos delitos.
En Loreto son pocos, sabemos que no hay mucha comunicación como en otras regiones. Pero sí necesitamos estabilidad y eso lo da el Estado, la cabeza del INPE. Más con muchos cambios de directores lo que pasa es que crece la incertidumbre y no se sabe cómo actuar. El INPE se tiene que estabilizar y así haya garantías en los centros penitenciarios.
De los 1,300 internos que hay acá, se tiene un 40% que corresponde a delitos por libertad sexual, un 40% por tráfico ilícito de drogas y un 20% por otros delitos. Hay que mirar cuál delito azota más. No somos una región altamente conflictiva respecto a violencia estructural, pero sí hay que prevenir desde ahora. Hay que hacer un trabajo organizado con las juntas vecinales, con la PNP etc. para la lucha contra la violencia estructural.
Finalmente. El Tribunal Constitucional resolvió que los menores de edad no pueden ser juzgados como un adulto, deben ser procesados en libertad…
-El TC hace 10 días que sacó la sentencia, pero en esta Corte Superior de Loreto ya habíamos resuelto en ese sentido. Esta ley que involucra a menores de 16 y 17 años como si fueran personas adultas, era incorrecta.
La Constitución en el Art. 4 establece y plantea: Proteger a los adolescentes, además existen Convenios Internacionales, pactos, Convenciones, Declaración de los derechos del niño, todo esto era violentado por esa ley.
En los 6 casos presentados acá, dijimos que no pueden ser juzgados como adultos, sino que deben estar en el fuero de familia y eso ocurrió. Nos adelantamos ante una decisión del TC que recién salió hace 10 días. Acá se resolvió hace un mes o 2, esto hace ver que nosotros estamos aplicando la legislación que corresponde en virtud del mandato constitucional.
