Normalizando

A mediados de esta semana en una sintonizada radio local se difundió la “triste” noticia que un niño de 11 años había sido internado en un albergue infantil porque la mamá no hizo caso de la advertencia fiscal de que el menor no debía estar realizando una forma de trabajo ambulatorio de “payasito”.
La escena que vimos de esta mamá y su pequeño hijo fue de bailar en la pista mientras el semáforo está en rojo y en diversas horas sea mediodía y al anochecer. Para luego de los movimientos del baile pasar a recoger de los conductores un apoyo económico.
Cada vez que los veíamos, por supuesto que nos causó pena y preocupación, primero que el niño parecía estar a cualquier hora, en qué momento entonces estudiaba. Es una interrogante que nos hacíamos cada vez que le veíamos en la faena donde también la mamá “payasita” bailaba.
De hecho el trabajo nos dignifica a todos, más aún cuando estamos en situaciones cruciales donde no hay dónde laborar y se tiene que inventar formas de agenciarse de la economía para poder mantener a nuestros hijos, esto es natural y comprensible. Pero lo que muchas y muchos no entendemos, es que no debemos exponer a nuestros hijos y que somos nosotros los adultos que debemos solucionar el problema.
Pero, es normal que los hijos ayuden en el hogar, pero es normal enseñarles a trabajar. Ojo, hemos normalizado acciones extremas que llevan sin querer a muchos menores de edad a renunciar a su derecho al estudio, a la recreación, a la alimentación, a la protección, etc. Ellos y ellas, muy en el fondo de su sentir, no lo quieren hacer, se sienten presionados y hasta obligados. Eso no es un secreto.
Por eso el accionar de las autoridades fiscales de familia y otras de protección de nuestra infancia, tendrían que tener un mayor respaldo y ampliar sus acciones, porque el caso del niño “payasito”, no es el único, y todos lo sabemos, hay muchos niños, niñas y adolescentes en las calles obligados a vender lo que ofrecen, si no, no pueden regresar a casa, están totalmente expuestos y poco hacemos por apoyarlos como sociedad.
Tendría que darse la posibilidad de un registro de las familias con menores de edad en riesgo, y ver la forma de apoyarlos, empezando por los servicios sociales que el Estado tiene, porque es un mandato constitucional la protección de los más vulnerables en la ciudad, la región y el país.