No procede atención al Pacto Colectivo de SITRAMUN BELÉN

  • Hay contundentes aspectos legales y financieros que lo impiden
  • Trabajadores deben entender esto y no menoscabar prestación de servicios públicos_MG_2666

Los trabajadores del SITRAMUN BELÉN han decidido iniciar una medida de lucha porque, a su entender, la gestión municipal del alcalde de Belén Richard Vásquez Salazar, estaría pisoteando sus derechos laborales, lo cual no se ajusta a la verdad, pues hay impedimentos legales y financieros para dar cumplimiento a sus pretensiones.
SERVIR emite el informe Técnico N° 1294-2015 que indica que «existe expresa prohibición para que los servidores públicos sean beneficiados por los acuerdos en convenios colectivos referente a compensaciones económicas, incremento remunerativos o aprobaciones de nuevas bonificaciones; caso contrario, cualquier acuerdo o decisión que vulnere o afecte normas imperativas, es nulo».
Subraya que «el Tribunal Constitucional ha exhortado al Congreso de la República a que apruebe la regulación de la negociación colectiva, a partir de la primera legislatura ordinaria del periodo 2016-2017, y por el plazo que no podrá exceder de un año» acotando que, en este lapso de tiempo, se decreta la vataio sententiae y, por ende, se mantienen válidas y vigentes las prohibiciones de negociación colectiva para incrementos salariales en el sector público.
Igualmente, el MEF ha informado que la Ley de Presupuesto 2015, en su artículo 6°, prohíbe en los Pliegos del Gobierno Nacional, Regional y Local, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento, así como prohíbe la aprobación de nuevas bonificaciones y beneficios de toda índole.
En ese lineamiento, mediante Oficio N° 005-2016-GM-MDB, la Gerencia Municipal da a conocer al Sindicato de Trabajadores que la Oficina General de Planeamiento Estratégico manifiesta que no es posible atender su pedido de cumplimiento de Pacto Colectivo, porque dichos incrementos en primer lugar no están previstos en el presupuesto 2016 y, segundo, porque  están prohibidos en el artículo 3 y 4 de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto 2016.
Y el pasado 26-01-2016 recibimos el Oficio N° 004-2016-EF/50.04 emitido por la DGPP, en la que responde a la consulta de la comuna, precisando que en el marco de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto 2016, artículo 6°, se advierte que para el presente año fiscal se encuentra prohibido en los tres niveles de gobierno el reajuste, incremento o aprobación de nuevas remuneraciones, bonificaciones, asignaciones, incentivos, compensaciones económicas, cualquiera sea su forma, modalidad periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento y recomienda que SERVIR debe pronunciarse también sobre el tema laboral referido al pacto colectivo.
En febrero recibimos el Informe Técnico N° 109-2016 de la Autoridad Nacional del Servicio Civil en el que concluye que «en el marco de la Ley del Servicio Civil, de las leyes anuales de presupuesto y del artículo 44° del D.L. N° 276, existe expresa prohibición para que los servidores públicos sean beneficiados por los acuerdos de convenios colectivos referente a compensaciones económicas, reajustes, nivelación e incrementos remunerativos o aprobaciones de nuevas bonificaciones; caso contrario, cualquier acuerdo o decisión que vulnere o afecte normas imperativas, es nulo»
En otras palabras, hay dos razones que imposibilitan atender el pacto colectivo en lo relacionado a incremento de remuneraciones o beneficios a los trabajadores: Una de carácter legal, establecido por el Tribunal Constitucional, la Dirección General de Presupuesto Público-DGPP y la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y otra de carácter financiero, relacionado con la crisis económica que pasan los Gobiernos Locales, básicamente por los descuentos de la obra del desagüe de Iquitos, la caída del precio internacional del petróleo y la menor producción de los pozos petroleros, y también por la disminución del FONCOMUN.
En el aspecto financiero, se debe incidir en que Mediante D.S. 013-2014-EF/50.01 del 26-06-2014, El MEF estimó el presupuesto de la Municipalidad Distrital de Belén 2015 por concepto de canon petrolero el importe de S/ 5´396,620, pero en la práctica, debido a los descuentos por la obra del desagüe de Iquitos, a la caída del precio internacional del petróleo y la menor producción del mismo, las transferencias realmente recibidas solo ascendieron a la suma de S/ 1´534,944, lo que significó una disminución de S/ 3´861,676, que representó un menor ingreso del 72 %. Los ingresos del canon en el 2016 están en el orden de S/40,000 mensuales, por lo que se estima que en todo el año 2016 llegaremos a recibir S/ 500,000 aproximadamente, el mismo que al ser comparado con los ingresos estimados por el MEF en el 2015, la disminución en el 2016 está por el orden de S/ 4´896,620 que representa el 91 %.
En resumen, podemos afirmar que los ingresos del canon en el año 2015 solo representaron el 28 % de lo inicialmente presupuestado y, en el año 2016 estos ingresos tan solo representarían el 9 %.  A ello hay que restarle el 30 % que el MEF nos descuenta automáticamente para cobrarse la devolución del financiamiento de la Obra por Impuesto de las Instalaciones del Serenazgo, es decir realmente solo contamos con un promedio de S/ 28,000 mensuales por dicho concepto.
El FONCOMUN es otro de los principales recursos que está teniendo una baja significativa, en enero 2016 recibimos S/ 1´030,465 y en febrero S/ 1´001,883, pero en marzo bajó cerca del 40 % y solo recibimos S/ 625,279; con lo que la situación municipal se hace bastante crítica.
Es importante destacar que ante tal situación, la Municipalidad procedió a adoptar medidas drásticas de austeridad en la utilización de bienes y servicios, llegando inclusive a reducir incentivos y algunas plazas solo de funcionarios, y como la crisis continuaba agravándose, se tomó la decisión de reducir los contratos por locación de servicios; pero en desmedro de dichas medidas, el poder judicial ordenó la reincorporación de 50 ex trabajadores que fueron cesados en las gestiones anteriores, lo que agudizó el problema por el impacto económico que ello significa.
La implementación de estas medidas de austeridad, en ningún momento afectaron las remuneraciones ni incentivos de los trabajadores (excepto funcionarios y locaciones de servicios), ni mucho menos de los sindicalizados, ya que en todo momento sus pagos están totalmente al día.
Por lo que se exhorta a los trabajadores sindicalizados, a comprender la situación de crisis, deponer cualquier medida que menoscabe la prestación de los servicios públicos y, ser solidarios con la Institución y la población en general al cual nos debemos. (MDB)