- Presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Aldo Atarama Lonzoy.
- También es necesario aumentar las penas por delitos de corrupción porque la persona se va 4 años y luego sale a gozar lo robado.
Luego del anuncio del presidente de la República sobre la aprobación de la Ley de la Muerte Civil en el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso de la República, prosiguieron los comentarios de la ciudadanía en general en todo el país. Sobre este tema abordamos al presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, doctor Aldo Atarama Lonzoy, por ser este estamento del Estado donde se determinan las sentencias por los delitos incluyendo el de corrupción.
De entrada opinó que para luchar contra la corrupción “no es suficiente con la ley de la muerte civil”. Explicó que la muerte civil es una denominación que se le está dando, resulta interesante, pero, es la inhabilitación que siempre ha estado en los delitos de corrupción de funcionarios públicos. “Lo que pasa es que la inhabilitación de acuerdo al artículo 36 era una inhabilitación muy pequeña, vamos a decir de 3 años, 6 meses, muy corta”.
Atarama Lonzoy señaló que en las sentencias el juez tenía que decir para qué le inhabilitaban a las personas, pueden inhabilitarlo para que no contraten con el Estado. En este caso, cuando hablamos de inhabilitación o llamada muerte civil, lo que está haciendo el poder ejecutivo a través del decreto legislativo correspondiente es ampliar esa inhabilitación, y lo está ampliando de acuerdo al Decreto Legislativo 1243 a la duración de 5 a 20 años para todos los delitos de corrupción de funcionarios. Lo está ampliando.
Antes era de 3 años, 2 años, 6 meses, era muy poca, ahora lo está ampliando de 5 a 20 años, pero además en el mismo dispositivo legal dice que cuando se trabaja como una organización se va inhabilitar por toda la vida, es indeterminada, como perpetua, entonces el asunto estriba como bien lo han dicho ya unos juristas nacionales, primero se tiene que demostrar que hay una organización detrás de los actos de corrupción y eso es un poco difícil, complicado; actualmente se viene discutiendo si ha habido organización en el caso de Álvarez de Áncash. En el caso de otros que están en la cárcel, pero a ellos no se les va poder aplicar porque la Ley comienza a aplicarse a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.
“Estos casos retroactivos ya no van a tener la aplicación lamentablemente, entonces lo que nosotros necesitamos es que esta inhabilitación no solo sea el tema de decir te inhabilito, porqué, porque la gente busca otros mecanismos para violar la inhabilitación. Yo te digo acá en Loreto hay muchos que son inhabilitados, pero sin embargo algunos vienen trabajando en algunas dependencias públicas, hay municipalidades donde se ha detectado, y nosotros lo que estamos haciendo es comunicar esto a quien corresponde a hacer el seguimiento de estas inhabilitaciones”.
Remarcó: “La procuraduría anticorrupción es la que debería exigir que todo el mundo cumpla esto, porque esa es su función, ellos son parte agraviada como Estado, entonces ahí habría que ver estas personas que están en condición de inhabilitadas cómo siguen trabajando”.
SENTENCIAS EN LORETO DE DELITOS DE CORRUPCIÓN
Al ser consultado el doctor Atarama sobre los sentenciados en Loreto sobre delitos de corrupción dijo que “en el caso de Loreto podríamos hablar de unas 200 personas que estarían condenadas por corrupción de funcionarios, pero no tenemos estadísticas de cuántos estarían trabajando porque se reciclan en municipalidades distritales”.
Refirió: “En cuanto se detecta inmediatamente estamos haciendo las acciones tanto al Ministerio Público como a la Procuraduría, son las que persiguen el delito. Nosotros lamentablemente no tenemos esa capacidad, sino la Procuraduría que, además, debería cobrar las reparaciones civiles y tampoco lo hacen.
Creo yo y ayer se ha formado la Comisión Anticorrupción acá en Loreto que lo encabeza el Ministerio Público, el doctor Marco Valdez Hirene, que está de vacaciones pero en el Ministerio Público ha recaído la presidencia de esta comisión donde está el Poder Judicial, la Procuraduría Anticorrupción, está el propio Gobierno Regional y está la Defensoría del Pueblo, de tal suerte que desde ahí vamos a impulsar nosotros para que esas delitos de corrupción no estén soterrados, sino, para que cada uno cumpla su papel y cada uno haga valer los derechos de las instituciones que representa.
MUERTE CIVIL, INHABILITACIÓN Y PRESCRIPCIÓN
Una nueva iniciativa se captó esta semana por parte del mandatario nacional y es sobre la imprescriptibilidad. “El tema es que la prescripción de la que se habla significa que pasa un tiempo y de acuerdo a la pena del delito ya se deja de perseguir por parte del Estado. Por ejemplo si el delito de peculado tiene una pena no menor de 6 años, ni mayor de 12 años, pasa los 12 años y ya el Estado no puede perseguir, hay excepciones en la que se duplica esta prescripción, si es la pena 12 años a los 24 años duplicado ya no te persiguen.
Eso pasó con el caso de Alan García, él estaba procesado por un delito que a los 8 años prescribía, se fue 8 años y al regresar ya no lo podían procesar porque ya ha prescrito, entonces, lo que se está planteando es una modificación constitucional para que estos delitos no prescriban. Lo que quiere decir es que si no te sentencian y todavía está vigente la posibilidad de procesarte, el Estado tiene ese derecho de hacerlo. A eso se le llama imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios. Ya no se van a archivar los procesos porque ya pasó el tiempo, sino que se va perseguir de manera permanente hasta que haya una sentencia o muera la persona.
Esa es la imprescriptibilidad, que tienen que de todas maneras someterte a proceso. Esto requiere una modificación constitucional y evidentemente el tema corresponde al Parlamento, no le corresponde al Poder Ejecutivo. El Parlamento tiene que discutirlo porque es modificación constitucional”.
PARA UNA AUTÉNTICA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
“Lo que yo quiero decir que una auténtica lucha contra la corrupción tiene tres ejes. No solo es la imprescriptibilidad y la muerte civil. Mira, hay tres cosas que se deben enfocar en el tema de corrupción de funcionarios. Primero es elevar las penas, hay delitos que tienen penas muy bajas, 4, 5, 8 años. Para los delitos de peculado, colusión, por ejemplo que sean no menor de 10 años, que tengan 35 años de pena privativa de la libertad. En todos los delitos de corrupción de funcionarios.
Segundo, el tema de las reparaciones civiles no solo es ponerle un monto que a veces resultan irrisorios, sino que se requiere que esta persona que cometió esos delitos pague con todo su patrimonio ese daño que le ha hecho al Estado. Y tercero el tema de la inhabilitación que es la muerte civil. Si ponemos esos tres elementos como pata de la mesa, creo que se completaría el círculo. Las penas son cortas, van 4 años y luego salen a gozar lo que le han robado al Estado. Hasta una cuarta cosa podría ser la imprescriptibilidad”.
¿Siente doctor como si el Estado les está trasladando a la policía, fiscalía, poder judicial, una gran responsabilidad en el tema de aplicar las sentencias sobre delitos de corrupción? “Yo quiero aprovechar tu pregunta, para decir lo siguiente, se habla de reforma del Poder Judicial, pero, algunos creen que reforma es botar a los magistrados y poner otros nuevos, eso ya lo dije, no se puede hacer porque se viola derechos laborales. ´
Los jueces somos trabajadores de la administración pública, incluso, si Ud. recuerda, a pesar que me imagino que era muy jovencita, Fujimori hizo eso, botó a todos los magistrados, luego todos fueron reincorporados porque se les había hecho violación de derechos fundamentales. Pero aquí lo que se trata no solo es temas de magistrados, se trata de cursos de capacitación, se trata también de recursos, porque a través de los recursos se tecnifica la investigación, se crean órganos jurisdiccionales para la rapidez con la que se quiere.
El Nuevo Código funciona. Hay un caso del Mercado Modelo que está durante 12 años en proceso, con el Nuevo Código ya no se van a demorar este tiempo, sino en 3, 4 años se tienen que hacer las audiencias y se tienen que emitir las sentencias. Se han reducido los plazos, pero tenemos otro inconveniente, los juzgados y aquí en Loreto más aún, están saturados, ya tienen programadas las audiencias hasta el mes de julio, agosto, del próximo año. Entonces se necesitan más órganos, se necesitan recursos, la fiscalía solo tiene un perito para hacer investigaciones de naturaleza contable, entonces necesitamos más peritos. Sin eso no se va poder luchar contra la corrupción”. (D.López)
