*Por lo que postores rezagados han colocado las denuncias pertinentes.
Entregaron la Buena Pro, pero aún no firman el contrato. Y más bien lo que deberían hacer los responsables de esa entrega, sería revisar el proceso para que mañana más tarde, no se vean envueltos en problemas jurídicos.
Un día antes de la Noche Buena, Sexto Vásquez, representante de “Constructora & Multiservicios Primeiro Eirl”, hizo llegar una carta al alcalde Giampaolo Ossio Rojas Floríndez, solicitando la NULIDAD de oficio de procedimiento de selección.
En el marco de la adjudicación simplificada 009-2019 respecto a la obra: “Mejoramiento de la institución educativa primario de menores 601637 de la comunidad rural de Miraflores I Zona, río Marañón, Nauta”. Valor referencial 824 mil 854.93 soles.
Apunta al consorcio ganador de la Buena Pro “Consorcio Cóndor”, integrado por las empresas: Sahuni Contratistas Generales Srl y Wama Sac, que fue publicado en el Seace el 18 de diciembre de 2019. “Siendo que su representada –remarca el denunciante- al establecer en las bases el límite inferior del valor referencial sin IGV (90%) incorrectamente: 629 mil 126.65 soles, han incurrido en un error, hecho que vicia su legalidad, por resultar contrario a lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley y 48 del Reglamento, así como inducir a error a los postores, lo cual ha derivado en la sustanciación del presente procedimiento de selección en irregular y al margen del marco jurídico que le es aplicable.
Igual hacemos de su conocimiento que el 16 de diciembre, se solicitó a la dirección de supervisión de OSCE realice las acciones de supervisión de parte y emita el Dictamen correspondiente sobre la deficiente absolución de las observaciones formuladas por la empresa Arbulú Contratistas Srl, donde el comité de selección transgredió lo dispuesto en el numeral 8.2. de la directiva 023-2016 Osce y el enciso 72.4 del artículo 72 del Reglamento”, puntualiza por lo que concluye solicitando la nulidad del proceso.
Terminan enviando la presunta irregularidad para conocimiento de la fiscalía de prevención del delito y el órgano de control institucional, puesto que lo actuado por el comité, consideran que ha sido arbitrario y contrario a las normas de contratación pública.
