De acuerdo con el último censo (2017), las mujeres indígenas suman 2 905 076. Esta cantidad representa el 51% de la población indígena, el 21% del total de mujeres y el 10% de la población nacional. Sin embargo, solo tuvimos una mujer indígena en la última composición del Congreso de la República. De los otros poderes del Estado no se tiene información oficial desagregada por etnia. Pero de la información otorgada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2017), la cifra de mujeres en cargos de toma de decisiones sigue siendo muy baja y la mayor brecha de género se encuentra sobre todo en el ámbito de los gobiernos regionales. De hecho, actualmente los gobernadores regionales en el Perú son hombres y en los últimos tres periodos regionales solo ha sido electa una gobernadora regional.
Según la información de la Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República (2017), en la región Loreto se cuenta con la menor tasa de representación femenina a nivel de gobierno regional, con solo 18.2% de mujeres consejeras regionales. Asimismo, con relación a las alcaldesas provinciales, la cifra es aún más pequeña (12.5%) y más pequeño aún el porcentaje de alcaldesas distritales (8%). Aun así, la cantidad de regidoras distritales es significativa (44.3%), que está por encima del promedio nacional (42.8%). Pero, nuevamente, esta información no ha sido desagregada a nivel étnico, por lo que no se conoce cuántas de estas mujeres son indígenas.
Sin embargo, ¿son suficientes las cifras y las cuotas de género para saber si nos encontramos ante una verdadera institucionalidad estatal indígena con enfoque de género? ¿Hay cuestiones de fondo que debamos considerar para determinar si dicha institucionalidad implementa o no dicho enfoque?
- Mismos derechos, realidades distintas
Desde hace algunos años las organizaciones de mujeres indígenas del Perú vienen demandando una mayor participación en la vida pública, sobre todo en aquellos aspectos susceptibles de generarles impactos como mujeres y como indígenas. Pero ya una participación no como meras espectadoras, sino además como tomadoras de decisiones y desde las más altas esferas. Ellas demandan, sobre todo, una institucionalidad estatal indígena que incorpore el enfoque de género en cada una de sus actuaciones y que reconozca la realidad de que no todas las mujeres sufren la misma opresión. A esto se le conoce como interseccionalidad.
Si bien el solo hecho de ser mujeres nos convierte en un grupo en situación de vulnerabilidad, en el caso de las mujeres indígenas se agrega una serie de factores que las convierte en un grupo en situación de vulnerabilidad mayor (y, por tanto, más necesitado de “medidas afirmativas”), tales como: el racismo estructural, la discriminación por motivos de etnia, la situación de pobreza monetaria, entre otros. Esto, al fin y al cabo, significa pensar el enfoque de género desde una perspectiva intercultural.
- ¿Qué se debe hacer desde el Estado?
Queda claro que el “empoderamiento femenino” no será suficiente si ello no se acompaña de una acción estatal con enfoque de género interseccional, con competencias idóneas para la implementación de este enfoque que considere las particularidades descritas. Además, no les será suficiente si el resto de la sociedad (incluso de los mismos hombres indígenas) no otorga una respuesta favorable a las demandas de las mujeres indígenas para lograr equidad de género, sobre todo en los espacios de diálogo y decisión.
Otro elemento clave en cualquier institución es la articulación, es decir, una mejor coordinación entre instituciones estatales, y entre estas y las organizaciones indígenas representativas de las mujeres indígenas.
Una verdadera articulación permitirá un mayor y mejor conocimiento de sus necesidades, demandas y formas de llevarlas a cabo. Sin embargo, esto será posible si se dialoga “entre pares” o, al menos, se genera las condiciones para que esto suceda. Quizá las cuotas de género no sean el mecanismo más idóneo para resolver el problema de fondo. Sin embargo, puede constituir un buen inicio para abrir la puerta de la reducción de la brecha de género, como medida afirmativa de protección de las mujeres indígenas. De acuerdo con la data colocada al inicio de este escrito, es en los gobiernos regionales y locales que esta brecha se encuentra más pronunciada a nivel del Estado peruano, por lo que es desde ahí que necesita comenzar a trabajarse.
Usualmente los grandes cambios institucionales no comienzan desde los niveles más altos, sino desde los gobiernos locales y regionales. Por ello, el problema descrito puede constituir una oportunidad para que el Gobierno Regional de Loreto y los gobiernos locales de esta región, al igual que los demás gobiernos regionales del Perú, incorporen dentro de sus normativas y políticas internas disposiciones vinculantes (así como mecanismos de ejecución y seguimiento), el reconocimiento de la situación de vulnerabilidad de las mujeres indígenas y la garantía de sus derechos, de acuerdo a los estándares internacionales que obligan al Estado peruano a hacerlo. Sobre todo, se trata de la construcción de una nueva institucionalidad desde adentro; es decir, no solo PARA las mujeres indígenas, sino CON y DESDE ellas.
Por: Ileana Rojas Romero
Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA
