Movilización pública

Desde el día que vacaron al expresidente Martín Vizcarra, las expresiones públicas de rechazo a la decisión de la mayoría de los congresistas de la República han sido permanentes y protagonizadas por ciudadanos (as) muy jóvenes, es la característica de momento.
La policía como es su trabajo garantizar la tranquilidad pública ha venido ejerciendo en Lima con el lanzamiento de bombas lacrimógenas, se entiende por la naturaleza de las manifestaciones y su cercanía a las sedes de gobierno en el marco de la prohibición de acercarse a las mismas por un tema garantizar seguridad. Se entiende.
Todo en su sitio, como también en su lugar está el riesgo que asumen afrontar quienes participan de una medida de protesta, como se dice también a lo hecho, pecho y a buscar abogado de ser necesario. Cada cual se expresa por los medios y la forma que mejor le parezca, en el marco de las libertades de la legislación peruana.
Y qué nos dice en relación al ejercicio del derecho de ciudadanas y ciudadanos a la movilización pública, la Defensoría del Pueblo?. “Demandamos al Poder Ejecutivo garantizar el ejercicio del derecho a la movilización pacífica en todo el país”.
Y sigue respecto a la participación policial “En tal sentido, es imprescindible que se ordene a las fuerzas policiales garantizar su desarrollo, señalándoles que deben utilizar la fuerza solo cuando fuera estrictamente necesario y bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, de acuerdo con nuestra Constitución y los preceptos de la Organización de las Naciones Unidas sobre el particular”.
Y hace precisiones “Las fuerzas del orden solo pueden detener personas en caso de flagrante delito. Las autoridad policiales solo pueden intervenir encontrándose debidamente identificados. Las personas detenidas deben ser objeto de un trato adecuado y debe respetarse sus derechos al debido proceso.
Recordamos que las y los adolescentes tienen derecho a la participación y a expresar su opinión, necesidades y preocupaciones respecto a los asuntos que les afectan; por ello todas las autoridades deben respetar estos derechos fundamentales y también su derecho a la integridad y a la vida.
Señalamos que la ciudadanía debe manifestarse pacíficamente, subrayando que el ejercicio de este derecho es incompatible con cualquier acto de violencia”. Y refiere también el distanciamiento social y uso de mascarillas por el Covid-19. Queda claro para todos y todas.