-Una oportunidad para mejorar la gestión ambiental en zonas donde existe extracción
Monitores ambientales de las cuencas del Tigre, Corrientes, Pastaza y Marañón de Loreto intercambiaron experiencias y reflexionaron sobre su labor con sus pares, en su calidad de monitores y promotores de la vigilancia ambiental de Espinar, Junín, La Libertad y Lima.
Si bien es cierto, en los recientes hallazgos ambientales de contaminación petrolera en Loreto, la participación indígena ha cumplido un papel determinante, las federaciones y de manera especial sus monitores y vigilantes ambientales, han logrado evidenciar décadas de impunidad ambiental e ineficiencia del Estado.
Aquella labor, junto a otras experiencias similares en territorio andino, han destacado en un contexto de reiterados e intensos conflictos socio-ambientales los cuales representan, según la Defensoría del Pueblo, más del 70% de los conflictos a nivel nacional.
Esta reunión fue convocada por la congresista Verónika Mendoza, quien vio que esas prácticas de vigilancia ambiental comunitaria e independiente, son una gran oportunidad para mejorar la gestión ambiental, incluyendo efectivamente a comunidades y organizaciones indígenas o campesinas, en cuyos territorios operan empresas extractivas.
Ya sea en sierra, costa o selva, las experiencias reunidas se reconocen en las mismas preocupaciones: la contaminación del ambiente, la falta de información en sus comunidades y la necesidad de generar información propia e independiente para proceder a acciones de denuncia.
Labor silenciosa en busca de reconocimiento…
Experiencias, testimonios y palabras muy sencillas para explicar grandes problemas que no se atienden como se debería, y que la inversión privada y el crecimiento económico no visibilizan adecuadamente.
Durante la exposición de monitores, a pesar de la diferencia de casos y regiones, se evidenciaron varios problemas comunes: Falta de financiamiento, empresas que no permiten o no facilitan el monitoreo, discriminación, ambigüedad y poca información sobre funciones de las instituciones ambientales del Estado, prácticas para dividir a las comunidades y sus organizaciones, entre otras.
Asimismo, en la reunión fue sentido común la necesidad de reconocimiento del Estado, sostenida en una oficialización de programas y prácticas de monitoreo comunitario e independiente, la promoción y el financiamiento de los mismos.
Según el despacho de la congresista, esta tarea «constituye una obligación del Estado peruano en cuanto ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo». El artículo 7.3 del convenio señala:
«Los gobiernos deberán velar porque siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas pueden tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser consideradas como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas».
La sistematización de este taller y otras actividades orientadas en el mismo sentido, formarán parte de la sustentación de un proyecto de ley que promueve la congresista por Cusco, en busca de consolidar y hacer oficiales estos programas y prácticas.
Caracterizadas por el sumo esfuerzo y el mucho compromiso, estas prácticas se desarrollan en la mayoría de los casos fuera de los focos mediáticos. Sin embargo, aunque pertenezcan tal vez a escenarios lejanos y ancestrales, no por ello deberían ser prácticas para la indiferencia de la sociedad civil, menos aún para la indiferencia del Estado. Por el contrario, será la inclusión de estas prácticas lo que permitirá hacer un mejor Estado y una mejor convivencia. (MIPR)
