- Sobre las atenciones de partos en baños, pasillos y otros
- El Perú ocupa el 10° lugar de los países con mayor tasa de mortalidad materna en América Latina, según el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación frente a la deficiente protección y ejercicio de derechos fundamentales de las mujeres, lo cual se expresa en la elevada tasa de mortalidad materna, por causas asociadas a la calidad del servicio de salud durante el embarazo, complicaciones en el parto y/o puerperio.
Recordemos que según un estudio internacional, Lima es la peor ciudad, de las 10 megas ciudades consideradas a nivel mundial, para que las mujeres accedan a servicios de salud sexual y reproductiva. (http://poll2017.trust.org/)
La Oficina Defensorial de Loreto ha intervenido en dos recientes casos con estas características, enviando oficios con recomendaciones al Hospital Regional de Loreto y al Hospital III Iquitos de EsSalud, entre las que se señaló disponer las medidas necesarias para garantizar la calidad y oportunidad de los servicios de salud materna.
Otra de las recomendaciones señaladas, que ha sido parte del Informe de Adjuntía N° 001-2017-DP/ADM sobre derecho a la salud materna en 5 regiones, fue implementar una norma específica sobre violencia obstétrica, frente a los casos de maltrato a las pacientes en la atención prenatal, durante el parto y el puerperio.
En lo que va del año, la Defensoría del Pueblo ha registrado 10 casos de gestantes cuyos partos fueron atendidos en los baños, pasillos o cercanías de establecimientos de salud públicos. Por ello, en setiembre de este año, nuestra institución envió comunicaciones oficiales al Ministerio de Salud, EsSalud y Susalud, con una serie de recomendaciones para asegurar la calidad de los servicios. Sin embargo, hasta la fecha no se han implementado medidas efectivas y necesarias para evitar que más mujeres sigan sufriendo el maltrato en nosocomios públicos, al exponerse a alumbramientos de riesgo en condiciones inaceptables que vulneran sus derechos fundamentales.
Casos como los ocurridos en Loreto demuestran que el Estado aún no ha implementado una política pública permanente que garantice la debida diligencia en los servicios de salud que garanticen la salud integral de las gestantes y recién nacidos/as.
