La empresa Pluspetrol no muestra buenas intenciones para asumir sus responsabilidades ambientales sobre la contaminación en lo que fue el Lote 1AB (hoy 192). Así lo demuestra el seguimiento y análisis que hace en su blog el antropólogo Mario Zúñiga.
En el reciente post se analiza el comportamiento de la petrolera en el marco del proceso de aprobación del Plan de Abandono del Lote 1AB, instrumento de gestión ambiental que se aplica al término de operaciones de un lote petrolero. Pluspetrol operó el lote entre los años 2000 y 2015.
Asimismo, mediante una recopilación de información, se evidencia cómo una vez más Pluspetrol pretende eludir un máximo de responsabilidades ambientales; esto a costa de cuestionables campañas mediáticas, premios y cálculos de orden legal administrativo.
El artículo señala que en la zona se atentó “contra el equilibrio ambiental y la vida de las poblaciones indígenas”, “contra sus derechos constitucionales”. Asimismo, se visibiliza el papel de las organizaciones indígenas FEDIQUEP, FECONACO, OPIKAFPE y ACODECOSPAT para evidenciar las malas prácticas de la petrolera y exigir el cumplimiento de obligaciones del Estado.
Pluspetrol se quiere pasar de lista…
A siete meses de desaprobarse la primera propuesta de Plan de Abandono para el Lote 1AB presentada por Pluspetrol (por no absolver 86 de 125 observaciones), el Ministerio de Energía y Minas observa nuevamente la segunda propuesta de la petrolera (en 67 puntos).
Tal como aseguró a los apus la directora de Asuntos Ambientales y Energéticos del MEM en una reunión con el Primer Ministro el 15/12/2016, se han incluido los puntos de OEFA y otros en las observaciones al plan. El plazo de absolución que debe respetar Pluspetrol se cumple el próximo 3 de febrero.
Sin embargo, es sorprendente que entre la primera y segunda propuesta de la empresa, no exista diferencia alguna. En ambos casos los planes consideran iguales puntos de intervención: 17 pozos, 13 rellenos, 19 emplazamientos. Es decir, en la segunda propuesta del plan se elude deliberadamente recomendaciones del MEM.
Por otra parte, los números de sitios de intervención son mínimos (49) en relación a los más de 2 mil sitios contaminados que ha reportado la propia Pluspetrol ante el MEM, o frente a los hallazgos de OEFA (92 sitios) entre 2013 y 2014, en colaboración con organizaciones indígenas.
¿Por qué “Plus” no quiere hacerse cargo de todos estos sitios? La empresa alega que son responsabilidad de la empresa anterior (OXY, que operó desde la década de 1970 hasta el año 2000), aun cuando ellos asumieron por contrato las obligaciones ambientales, tal como lo documenta el artículo (Informe Legal N° LGL-0747-2014-PERUPETRO). Otro motivo sería el costo que representa la remediación en la zona.
Sin embargo, existen otras razones de lo que Zúñiga denomina un “acumulado de destrucción” sobre los territorios indígenas. Por un lado está la “práctica perversa” de Pluspetrol a quien, como se señala en la nota, le importa “poco las normas peruanas y los miles de sitios impactados que seguían destruyendo territorios y vidas”. Muestra de esto son los conflictos y abusos constantes denunciados por las comunidades indígenas de la zona.
Por otro lado, está el mismo Estado. “Las formas extractivas predatorias en Perú y el impacto que estas tienen […] han sido alentadas también por entidades, institucionalidades y voluntades políticas poco transparentes, economicistas y monoculturales”.
En el post se rescata el rol de las organizaciones indígenas que, en mesas de diálogo “crítico” con el Estado, se enfrentaron al “circo de las normas y discursos” para el cumplimento de la normativa y su mejoramiento.
Las incertidumbres en medio de campañas petroleras…
Nada está garantizado aún. Zúñiga indica que las “formaciones predatorias”, es decir la matriz extractivista del propio Estado, no da garantías plenas para una remediación ambiental y seguridad para la vida de las comunidades indígenas y sus territorios.
Por ejemplo, “la empresa puede volver a presentar un nuevo plan, que puede ser desaprobado y otra vez puede volver a presentar otro plan, así, sin fin”, no existe norma que impida ese círculo vicioso. De esto ya alertaron las federaciones en reuniones con el Primer Ministro y el MEM.
Sin embargo, además, según se indica, el artículo “no hay forma legal para obligar a Plus a remediar todos los sitios impactados de los cuales es responsable, si es que esta decide no remediarlos [todos, los más de 2000], es decir si implementa su plan o si se niega ante la decisión de la DGAAE al desaprobarlo”.
Para evitar esto, el Estado tiene que cerrar vacíos normativos e ir contra de sus fuerzas extractivas para revestir y fortalecer su responsabilidad e institucionalidad ambiental, así como asegurarse la salvaguarda de los derechos de las poblaciones indígenas. (MIPR)
