- De acuerdo con un reciente sondeo realizado por Ipsos, el 60 % de los encuestados a nivel nacional cree que una de las principales barreras para la lucha contra la minería ilegal es la corrupción de las autoridades.
- Las constantes propuestas legislativas impulsadas por el Congreso mantienen al país bajo el yugo de la informalidad y la criminalidad. Frente a ello, se encienden las alarmas por la próxima elección de la Mesa Directiva del Congreso.
La minería ilegal es un problema de gran envergadura en el Perú. Es por ello que el 86 % de peruanos considera que este tema debe ser atendido por el actual gobierno, a su vez, el 67 % resalta que debe ser una prioridad, según una encuesta realizada por IPSOS en mayo de 2024.
Adicionalmente, la encuesta de Ipsos señala que, para el 61 % de peruanos, una de las principales barreras para la lucha contra la minería ilegal es la corrupción de las autoridades, y que el 57 %, considera que el actual Congreso de la República obstaculiza dicha lucha.
Al respecto Manuel Zapata, asesor legal de FCDS Perú, señala que “las constantes propuestas legislativas impulsadas por el Congreso son un acto cómplice para mantener al país bajo el yugo de la informalidad y la criminalidad que va más allá de la minería ilegal. Cabe recordar que la minería ilegal es una actividad que opera en el ámbito del crimen organizado que está en aumento y que ha copado territorios, desplazando y reemplazando al Estado en muchos de ellos”.
Coincidentemente, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), ha mostrado su preocupación por la elección de la nueva mesa directiva del Congreso de la República “manifestamos nuestra profunda preocupación por la posible elección del congresista Eduardo Salhuana Cavides, del partido político Alianza para el Progreso, a la presidencia de ese importante poder del Estado. Resulta pertinente tomar en cuenta que este legislador ha sido el autor de la mayoría de iniciativas pro minería ilegal, como lo viene advirtiendo el OMI desde hace varios meses”.
Minería ilegal impacta a más de 10 ríos en Loreto
Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali son las regiones más afectadas por esta actividad ilícita, de acuerdo a un informe del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). El mismo señala que en Madre de Dios “el problema se ha vuelto inmanejable”, con pérdidas de hasta US $593 millones entre 2022 y 2023. Además de la deforestación de bosques y contaminación de ríos, la minería ilegal atenta contra la biodiversidad, la salud de comunidades enteras, la paz social y la gobernabilidad.
El Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) da cuenta del preocupante aumento de embarcaciones destinadas a la minería ilegal en Loreto que ha dañado a los principales ríos con sustancias como mercurio y otros insumos utilizados para la extracción de oro. Esta actividad afecta a 11 ríos de la región: Cotuhe, Curaray, Marañón, Mazán, Napo, Patayacu, Pintuyacu, Putumayo, Tigre, Yaguas y Nanay, 31 comunidades nativas y 3 áreas naturales protegidas: el Parque Nacional de Yaguas, la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana y el Área de Conservación Regional Alto Nanay – Pintuyacu Chambira, siendo esta última la más perjudicada, debido a que la mayor parte de las dragas detectadas a la fecha se encuentran dentro de esta área protegida. En el caso específico de la cuenca del río Nanay, se han reportado hasta 122 hallazgos en los últimos 2.5 años (2021 – 2023).
FCDS Perú advierte que, si el panorama en Loreto continúa y no se realizan acciones drásticas, la situación en la región podría alcanzar los niveles de contaminación y criminalidad vistos en Madre de Dios.
“La minería ilegal es un delito y como tal es perseguido por el Ministerio Público y sancionado por el Poder Judicial, no obstante, el Poder Ejecutivo ha buscado enfrentar a este fenómeno criminal con la creación de diversas comisiones multisectoriales específicas y generales. Lamentablemente los resultados de dichos esfuerzos son pobres y no han podido detener el crecimiento de la minería ilegal y menos mitigar sus impactos ambientales, sociales y económicos”, finaliza Manuel Zapata, asesor legal de FCDS Perú.
