Por: Daniel Bazán
Analista de Estudios Económicos de ComexPerú.
Recientemente, el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés) alertó, a través de un informe, sobre un preocupante aumento de la minería ilegal en los ríos de la Amazonía Peruana Norte, en particular en la región Loreto. A pesar de la magnitud del problema, la conciencia pública sobre esta cuestión parece ser escasa. ¿Realmente comprendemos la gravedad de la situación?
Según el Ministerio del Ambiente, la minería ilegal se define como aquella actividad minera que se realiza en espacios prohibidos como las riberas de ríos, lagunas, cabeceras de cuenca y las zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas. Por consiguiente, es una amenaza a los ecosistemas naturales de la Amazonía Peruana, ya que conlleva a la deforestación de bosques primarios y la contaminación de los principales ríos de la Amazonía peruana norte.
Para comprender la magnitud de este problema, se debe tener en cuenta que el proceso de obtener un gramo de oro implica el uso de al menos dos gramos de mercurio, uno de los metales pesados más tóxicos. Si tenemos en cuenta que las dragas (máquinas acuáticas utilizadas por los delincuentes para extraer material sumergido de los ríos) en Alto Nanay pueden obtener entre 80 y 100 gramos de oro por jornada, estamos hablando de por lo menos 160 gramos de mercurio contaminando el río Nanay en un solo día. Además, a setiembre de 2023, se han identificado 11 ríos en la región Loreto con presencia de dragas y embarcaciones dedicadas a la minería ilegal, afectando a 31 comunidades nativas y 3 áreas naturales protegidas, según el MAAP.
Desafortunadamente, el problema no solo se limita al componente ambiental. La minería ilegal en la Amazonía presenta fuertes nexos con la corrupción, donde ya existen investigaciones que involucran a funcionarios de las fuerzas del orden y autoridades locales, así como amenazas a comunidades y guardaparques que se oponen abiertamente a esta actividad. Un ejemplo de ello fue el atentado contra el puesto de control Yarana de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, ocurrido en mayo último, donde un grupo de delincuentes vinculados a esta actividad ilegal agredieron al personal de SERNANP y robaron equipos de vigilancia.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Loreto-Maynas sostiene que se trata de un problema complejo, dado que existen personas dentro de las comunidades nativas aliadas de los mineros, ya sea por amenaza o voluntad propia. Según estimaciones de la fiscalía, se calcula un pago de 25 gramos de oro a los comuneros por cada draga que opera en sus territorios, lo que supone un “beneficio” a corto plazo para una comunidad que se encuentra en áreas prácticamente abandonadas por el Estado, pero que implica un daño enorme a mediano y largo plazo.
A propósito de esto, se está llevando a cabo el programa “Unidos por los Bosques”, iniciativa desarrollada por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible en colaboración con las autoridades, con la finalidad de identificar e intervenir las embarcaciones dedicadas a esta actividad para proteger los ríos de la Amazonía. Sin embargo, la minería ilegal ha alcanzado un nivel tan avanzado que cuenta con recursos tecnológicos superiores a los de las autoridades, lo que les permite conocer en tiempo real cuando existe algún operativo policial y evadir la vigilancia.
A pesar de estos esfuerzos, urgen mayores acciones por parte de las autoridades con relación a esta problemática en la región. El estado de emergencia declarado en 2021 en el Alto Nanay permitió la intervención de las Fuerzas Armadas y una mejor coordinación con las instituciones involucradas, como la FEMA. Sin embargo, la última prórroga sobre la misma expiró en diciembre de 2022, y a la fecha no ha habido conversación alguna sobre su renovación. Si no se toman medidas urgentes, podríamos estar frente a la nueva “La Pampa” loretana en poco tiempo.
