- Ricardo Rivera, coordinador regional de Naturaleza y Cultura Internacional, advirtió que la minería ilegal se ha convertido en una red criminal que financia campañas políticas.
- “Es sumamente preocupante que se pretenda ampliar el REINFO…que es un mecanismo de encubrimiento que blinda a las mafias”, aseveró.
La minería ilegal continúa expandiéndose en la región Loreto, afectando actualmente a 12 cuencas hidrográficas y consolidándose como una estructura de crimen organizado que opera con altos niveles de poder económico y político. Así lo denunció Ricardo Rivera, coordinador regional de Naturaleza y Cultura Internacional – Loreto y miembro del Observatorio de Minería Ilegal, durante una reciente entrevista.
Rivera afirmó que esta red criminal no solo destruye los ecosistemas amazónicos, sino que además tiene incidencia en la esfera política, llegando a financiar campañas y mantener vínculos con congresistas. “La minería ilegal está infiltrada en distintos niveles del Estado y se sostiene gracias a la complicidad y el silencio de muchos actores”, sostuvo.
El especialista alertó que los impactos de esta actividad van más allá del daño ambiental, pues involucran delitos conexos como la trata de personas y la explotación sexual de mujeres jóvenes. “Hay señoritas y adolescentes sometidas a un sistema moderno de esclavitud. Incluso los operadores de las dragas, quienes manipulan el mercurio, son los más expuestos y vulnerables”, precisó.
Además, advirtió sobre el riesgo que representa la posible ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), señalando que esta medida no fomenta la legalidad, sino la impunidad. “Es sumamente preocupante que se pretenda ampliar el REINFO. Eso no es un proceso de formalización, es un mecanismo de encubrimiento que blinda a las mafias”, aseveró.
El representante de Naturaleza y Cultura Internacional calificó como “indignante” que algunos sectores busquen justificar la minería ilegal bajo argumentos económicos. Recordó que, en el caso del río Nanay, hubo intentos de legalizar la actividad con el argumento de que genera ingresos, pese a que contamina fuentes de agua que abastecen a más de un millón de personas en Iquitos.
Rivera también señaló que el Estado ha sido rebasado por la minería ilegal y que el abandono en las zonas afectadas ha permitido que los pobladores asocien las soluciones a la presencia de las mafias. “En el Nanay, fueron los mineros quienes llevaron Internet a algunas comunidades, mientras el Estado ni siquiera podía garantizar un servicio básico”, comentó.
Finalmente, advirtió que las comunidades indígenas están enfrentando solas esta problemática. “No hay instituciones que acompañen de manera sostenida. Son las federaciones indígenas las que están resistiendo, exponiendo sus vidas para defender sus territorios y llamar la atención de las autoridades”, expresó Rivera. (K. Rodriguez)
