- Denuncian públicamente dirigentes indígenas de ACODECOSPAT.
La Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), que afilia a más de 50 comunidades base procedentes de los pueblos originarios kukama y urarinas (cuenca del Marañón y Chambira), están sosteniendo por más de veinte años una tenaz y muy desigual lucha en defensa de sus territorios indígenas, los cuales, consideran, han sido envenenados durante medio siglo por derrames de petróleo de empresas petroleras extranjeras y nacionales, sin que estas sean sancionadas o detenidas por el Estado Peruano.
Por esa razón con su fuerza y organización que en el año 2015, con el Acta de Lima, lograron arrebatarle al Estado la Ley N°30321 del Fondo de Contingencia de Remediación Ambiental, el cual es gestionado por una Junta de Administración (JA) de la cual ACODECOSPAT es miembro, como también lo son otras federaciones indígenas junto al Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda y Saneamiento y, desde julio del año 2020, el PROFONANPE como Secretaría Técnica.
Cada año tienen que enfrentar la extremada lentitud del Estado para que identifique en nuestras comunidades afectadas lo que técnicamente se denomina Sitio Impactado, lo cual se realiza a través de un informe oficial que ratifica las zonas que denunciamos como afectadas por hidrocarburos. La identificación normalmente toma al Estado entre 2 a 3 años. Luego de ello, los sitios impactados identificados pasan por una priorización al interior de la Junta de Administración de la Ley 30321, es decir, mediante criterios específicos y muy precisos, se escogen los sitios que presentan las afectaciones más severas y las que generan más riesgo a la salud de la población.
Actualmente, los sitios identificados por la Junta de Administración no llegarían ni al 10% del total de las zonas con derrames denunciados por sus comunidades a lo largo de las cuencas del Marañón y Chambira. En materia de manejo ambiental por afectación de hidrocarburos, el Estado está atrasado y en deuda con los pueblos.
A tal atraso, a esa deuda histórica, sumaron la ausencia de estrategias de instituciones como el MINSA para atender de manera especializada la salud de población indígena que se encuentra vulnerable a enfermedades crónicas causadas por los altos niveles de metales pesados encontrados en la sangre, dato obtenido de los exámenes toxicológicos realizados entre los años 2015 -2016 por el CENSOPAS.
“En el caso del Marañón tenemos sitios impactados que ya han cumplido toda la tortuosa ruta mencionada, pero desde hace 4 años, desde 2019, están a la espera de ser atendidas. Denunciamos que MINEM está interponiendo argumentos varios y antojadizos y en su calidad de ente rector pone trabas constantemente para no iniciar la remediación en los territorios indígenas”, denunciaron en un comunicado.
Como una muestra, indicaron que a lo largo de todo este año hasta el último 7 de agosto, MINEM se ha negado a aprobar el Plan de Costos Anual de la Junta de Administración pese a ser un documento discutido y revisado en 5 sesiones y por 8 meses.
Señalaron que el MINEM es el principal responsable en no dar cumplimiento al mandato de la Ley 30321, demorando la remediación ambiental de sus territorios, exponiéndolos aún más a la contaminación. Dicha oposición parece darse porque no concibe que, por primera vez en la historia de los pueblos indígenas, monitoreen, den seguimiento y participen en la toma de decisiones técnico-políticas, que la estructura estatal dicta.
Finalmente exhortaron que el MINEM y al PROFONANPE en su calidad de ente rector y secretaria técnica, respectivamente, adopten las riendas delegadas a su cargo para dar celeridad del caso, que consideran lo mínimo que merecen como pueblos con historia, cultura e inteligencia ancestral sobre sus territorios. (K. Rodriguez)
