La adopción de medidas y mecanismos tangibles para mejora de la justicia penal en esta región, se concertó en la segunda reunión de trabajo de los operadores del sistema de justicia: Poder Judicial, Ministerio Público y Defensa Pública.
Ayer, en el auditorio de la Corte de Justicia de Loreto, jueces, fiscales y defensores públicos socializaron las problemáticas que afrontan durante el trabajo articulado, a fin de plantear soluciones concretas en el mediano y largo plazo.
Informar actos que perjudican audiencias
Así por ejemplo, el representante del Ministerio Público invocó a los jueces a poner en conocimiento, de manera formal, las conductas de fiscales que ocasionan un perjuicio o contratiempo en el desarrollo del proceso judicial, a fin que se adopten las medidas correctivas y evitar la habitualidad de este tipo de actos.
Reuniones permanentes y diferenciadas
Si bien la materia penal es el abordaje común de los citados operadores de justicia, se reconoció necesario desarrollar reuniones específicas y diferenciadas para los jueces y fiscales. Ello reconociendo la dinámica de los procesos que llevan los jueces y fiscales superiores de los provinciales, así como los juzgados de investigación preparatoria, unipersonales, colegiados y las salas de apelaciones.
En esta línea, importante observación dio el juez Manuel Humberto Guillermo Felipe, sobre la adecuada gerencia del personal humano en las instituciones, a fin de evitar contratiempos o frustración de audiencias ante una carencia de personal.
Sobre este aspecto, también se enfatizó que la Defensa Pública debe canalizar ante la instancia nacional la contratación de los defensores públicos que se precisa.
Se puede evitar la sobrecarga perniciosa si el Ministerio Público aplicara la terminación anticipada en los 32 delitos que lo permiten
Se advirtió que 32 delitos pueden resolverse en terminación anticipada; Sin embargo, se llamó la atención en que el Ministerio Público sigue recargando el sistema de justicia con este tipo de delitos menores, como son los casos de conducción en estado de ebriedad.
“En esta Corte de Justicia hay más de 1,500 casos por este delito, que demandan tiempo y recursos porque deben someterse a las etapas intermedia y de juicio oral, para recién concluir con la sentencia”, indicó el juez Aldo Nervo Atarama Lonzoy.
“Toda esa sobrecarga perniciosa afecta la atención prioritaria que merecen los casos de mayor gravedad y que han atentado contra el bien público, como son los casos por corrupción, contra la administración pública, entre otros. Debemos optimizar el funcionamiento del sistema de justicia, es urgente”, continuó explicando.
En este contexto, cabe citar que la Contraloría de la República, sólo en el 2021, identificó que la corrupción en Loreto ocasionó un perjuicio económico superior a los 890 millones de soles, ocupando el quinto lugar a nivel nacional; ello sin contar los otros años en que el dinero de todo los peruanos se ha visto perjudicado. De ahí la importancia que se adopten las medidas para que se judicialicen y sancionen los actos delictivos más gravosos oportuna y efectivamente.
Presencialidad y virtualidad
Se señalaron las ventajas y virtudes de estas modalidades. Un fiscal advirtió que la inestabilidad de la conexión a Internet en Loreto no ayuda a las videollamadas. Se entrecortan, hay ruido, las partes conectadas demoran en responder o replicar, y, finalmente, la percepción de no sostener una comunicación toda vez que, esta deficiencia de conexión, obliga a no mantener encendidas las cámaras durante toda la audiencia, como sí lo hacen otras Cortes de Justicia.
De otro lado, la Defensa Pública manifestó que, el debido proceso se ve afectado cuando, ante la elevada carga procesal, los defensores públicos distribuyen su participación de manera consecutiva y con poca antelación para la revisión de los expedientes que llegan.
También se señaló que, la poca cantidad de defensores públicos es un serio problema que está en manos del ente central del Ministerio de Justicia resolver, pues en otras regiones del Perú se viene observando convocatorias para incorporar a más profesionales; sin embargo, en Loreto, hace 6 años no se llevan a cabo concursos.
Notificaciones, un reto permanente
Pese a que casi el 30% del territorio nacional lo abarca Loreto, sus centros poblados y comunidades se encuentran bastante dispersos y son de difícil acceso geográfico y de elevado costo para el transporte. Al mismo tiempo, las notificaciones electrónicas no llegan hasta las zonas del interior, por lo que se hacen de manera física. Con todo, las notificaciones tardan en concretarse, y hasta los procesados recién logran ser llevados a audiencia cuando hay operativos policiales.
Trabajo articulado y soluciones conjuntas
A estas situaciones, las instituciones concertaron continuar el abordaje conjunto y articulado para mejora del sistema de justicia en materia penal, mediante la adopción de medidas y mecanismos concretos.
Finalmente, el presidente de Corte observó el rigor profesional y la ética pública que deben prevalecer en los operadores como factores indispensables para la consecución de este propósito de mejora.
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Medidas concretas para mejorar la justicia penal en Loreto
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