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“Medida cautelar no encuentra eco en las autoridades”

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  • Elizabeth Lozano, del Comité del Agua, respecto a la deforestación en TamshiyacuElizabeth lozano

Una preocupación colectiva es lo que viene generando la problemática que se vive en la zona de Tamshiyacu, donde más de 20 mil hectáreas de bosques primarios (los que suministran oxígeno al planeta) han sido arrasadas e incluso se habla de pérdidas de fuentes de agua por la remoción de suelo que viene realizando la empresa Cacao Perú Norte.
Elizabeth Lozano, integrante del Comité del Agua, hace extensiva esta preocupación, «Aun cuando hemos logrado colocar en la agenda local e internacional el caso Tamshiyacu, nuevas amenazas se están produciendo mientras la medida cautelar no encuentra eco en las autoridades de competencia, por lo que requerimos mantener la capacidad de movilización de nuestra población para apoyar a nuestros agricultores de Tamshiyacu», expresa.
Asimismo, se supo que un funcionario de la municipalidad de Fernando Lores, Ruperto Vásquez, ha sido despedido por haber participado en la última movilización que convocó dicho comité y donde participaron asociaciones, organizaciones y población en general.
«Nos solidarizamos con Ruperto Vásquez, que fuera despedido del municipio de Fernando Lores por participar en la movilización del 19 de mayo en el marco del Día de la Biodiversidad, y con todas aquellas personas que son víctimas de atropellos por defender nuestros bosques».
Expresa que estas acciones no amedrantarán la convicción y la lucha que muchos han emprendido «Continuaremos nuestra acción vigilante, convocamos para este jueves 2 de junio, conmemorando el día del Ambiente y recordando los sucesos de Bagua, como un reconocimiento a los defensores de la vida, desde las 6.30 de la mañana al plantón frente al Ministerio Público y la Fiscalía del Ambiente, exigiendo el cumplimiento de la medida cautelar emitida por el 9no. Juzgado Constitucional de Lima. Defender la vida es nuestra responsabilidad, Tamshiyacu vive y resiste». (MIPR)

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1 COMENTARIO

  1. Tienen que denunciar ante la OEFA y a la contraloria a los funcionarios publicos involucrados en este arboricido por incumplimiento de sus funciones a fin de que sean sancionados solicitando la inhabilitacion para ejercer la funcion publica incluyendo a jueces y fiscales ante la OCMA por que a pesar de ser competencia de estas entidades no haran nada sino hay denuncia de por medio.

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