- Para el 2024, Órgano de control del Poder Judicial “Odanc Loreto” impulsa estrategia.
Reunión de la Comisión Regional Anticorrupción recogió experiencias y aportes de instituciones, entre ellas, de la Corte de Justicia de Loreto.
“Al interior de las instituciones se debe impulsar una campaña sostenida, de recordación constante sobre lucha anticorrupción. En el caso de la Corte, también se trabaja con los usuarios, para que conozcan y accedan a los mecanismos de denuncia (de corrupción) en el sistema de justicia”.
Así lo refirió el Dr. Reynaldo Elías Cajamarca Porras, quien participó por la Corte Superior de Justicia de Loreto en la reunión de aprobación del Plan Anual de Trabajo de la Comisión Regional Anticorrupción de Loreto, 2024. Previamente, se habían detallado las actividades y finalidad del instrumento.
Cabe anotar que, el Dr. Cajamarca Porras, jefe del órgano de control del Poder Judicial en Loreto (Odanc Loreto), viene impulsando el eje de acceso a los canales de quejas y denuncias de la ciudadanía, ante presuntos actos de corrupción de jueces y trabajadores jurisdiccionales.
Así, “La Queja que Mejora la Justicia”, y “Diálogo con el Usuario Judicial” son las principales plataformas para tal fin.
Para lo cual un equipo técnico de la Odanc Loreto concurre hasta las comunidades a fin de recabar quejas, denuncias, sugerencias, etc. de la población sobre el servicio judicial.
PLAN ANTICORRUPCIÓN APROBADO
Con el quórum suficiente, el Plan de la Comisión Anticorrupción fue aprobado por las instituciones miembros, entre ellas: Gobierno Regional, Ministerio Público, Procuraduría Anticorrupción Descentralizada, Oficina Defensorial de Loreto e Iglesia Católica.
Cabe anotar que la actividad: “Implementación de herramientas para la prevención y detección de la corrupción”, fue resaltada por el Dr. Cajamarca Porras, ya que vuelca la parte “práctica” de la lucha contra el flagelo social.
Ejemplificando, citó la medida de presentación obligatoria de las Declaraciones Juradas de Intereses y de Ingresos, Bienes y Rentas para todos los funcionarios públicos; iniciativa normada, pero que “requiere el seguimiento continuo para verificar su cumplimiento”, precisó.
