- Como la organización nacional de la justicia especial de los pueblos indígenas, nativos y campesinos.
“NO al apalancamiento de fondos extraordinarios ANTES DE LAS ELECCIONES en Loreto considerando el alto porcentaje de OBRAS INCONCLUSAS en la región. En atención a las funciones de protección integral de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, nos dirigimos a la opinión pública con profunda preocupación:
Recientemente, medios regionales como Diario La Región han revelado que en Loreto existen 47 obras paralizadas, cuyo costo acumulado supera los 730 millones de soles. Estas obras —muchas de ellas ubicadas en zonas petroleras y de alta vulnerabilidad social— se encuentran inconclusas por deficiencias en la planificación, supervisión deficiente, cambios abruptos de prioridades o mala gestión financiera. Lo más grave es que la mayoría fueron iniciadas por gestiones actuales que concluyen su mandato en menos de un año.
En este escenario, resulta altamente riesgoso —y técnicamente irresponsable— que el Ministerio de Economía y Finanzas apruebe el apalancamiento de nuevos fondos extraordinarios destinados a las actuales gestiones ediles en Loreto, y la Contraloría General de la República dé pase a los expedientes técnicos presentados para tal fin.
Estamos en año electoral y a las actuales gestiones municipales les quedan a penas meses. Invocamos a las instituciones a que se detenga todo apalancamiento de fondos adicionales hasta después de elecciones. Estos recursos deben ser administrados por las nuevas gestiones para mayor responsabilidad y asegurar que los equipos de gestión que reciben la plata, los que ejecutan las obras y los que rinden cuentas a la ciudadanía sean los mismos.
El riesgo es claro: las Oficinas de Proyectos de Inversión de las municipalidades, presionadas por la inminencia del cierre de gestión y los afanes electorales, podrían priorizar licitar contratos de obras a como dé lugar en perjuicio de la calidad de los expedientes técnicos, incurriendo en procesos apresurados que no aseguren la correcta formulación, ni mucho menos la conclusión de las obras.
Esto transferirá la responsabilidad de terminarlas —y sus costos adicionales— a las nuevas autoridades electas en octubre de 2026, generando una cadena de incumplimientos y despilfarro de recursos públicos.
Invocamos al MEF y Contraloría, como garantes de la sana administración del gasto público, a actuar con prudencia, responsabilidad técnica. tutelando los derechos de los ciudadanos a servicios de calidad y protegiendo el dinero público. No se trata de negar inversión a Loreto —región históricamente postergada—, sino de garantizar que cada sol invertido responda a estándares rigurosos de planificación, transparencia y sostenibilidad, evitando convertir el presupuesto público en un instrumento de legado político de última hora.
Solicitamos al MEF: Suspender la aprobación de cualquier nuevo desembolso extraordinario a gobiernos locales en Loreto hasta tanto se realice una evaluación independiente del estado de avance y viabilidad de las obras actualmente paralizadas.
Contraloría: Reforzar los controles ante los procesos de formulación de proyectos, especialmente en municipios con alta tasa de obras inconclusas. A las municipalidades del ámbito petrolero: presentar planes de conclusión viables y financiables para las obras ya iniciadas, como condición previa para acceder a nuevos recursos.
Confiamos en que el MEF y Contraloría, instituciones clave de la gobernanza fiscal del Estado peruano, sabrán actuar con la altura técnica y ética que la coyuntura exige, protegiendo así, no solo los intereses fiscales del país, sino también los derechos de las comunidades que esperan, con justa razón, obras que transformen sus vidas —no promesas abandonadas a medio camino.
