El comportamiento de las organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico, se ha agudizado en gran medida en la utilización de la violencia más sangrienta de todos los tiempos, para acallar a quienes con la ley en la mano, tratan de defender a la sociedad del flagelo de la drogadicción.
La presencia de narcotraficantes en las zonas del VRAE y de la Amazonía peruana, es de gran potencial. Mueven comunidades enteras en la siembra y cosecha de la hoja de coca y la elaboración de los estupefacientes.
Posteriormente tienen en sus manos las grandes cantidades de dinero producto de la venta de la droga, lo que es más difícil de manejar que la pasta o la cocaína misma. En ese momento ocurre el lavado de activos, poniendo a trabajar ese dinero en diferentes negocios y la creación y adquisición de bienes a nombre de terceros que vienen a ser los testaferros.
En la constitución de empresas financiadas por el narcotráfico, los primeros en oler y saber con certeza la procedencia del dinero, son los notarios, porque es ante ellos que se constituyen.
Por eso es que el notario va a jugar, de aquí en adelante, un papel principal en la lucha contra el lavado de activos provenientes del narcotráfico, poniendo en manos de la fiscalía correspondiente, sin intervenir en la investigación, las evidencias que tenga sobre una posible operación vinculada al lavado de activos.
Pero hay que ser realistas. Los tentáculos del crimen están en todas partes y va a ser muy difícil que se mantenga en el anonimato a los notarios que colaboren con la justicia. Habrá que buscar un mecanismo más seguro que garantice la vida de quienes dan fe de actos que muchas veces no son limpios.
