El Ministerio Público tiene evidencias de que el río loretano es controlado por el crimen organizado, en particular, por una facción de las disidencias de las ex FARC colombianas, que ha instalado allí una frenética actividad de minería ilegal y desatado una crisis ambiental y social que no tenía precedentes. ¿Y el Estado? Ausente, como casi siempre.
La cuenca del río Nanay, en la región amazónica de Loreto, se encuentra bajo el asedio de la minería ilegal de oro, una actividad que está causando graves daños ambientales y sociales, con consecuencias devastadoras para las comunidades locales. La falta de acción estatal efectiva ha permitido que redes criminales transnacionales controlan zonas importantes el territorio loretano.
Investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Iquitos, a cargo del fiscal Carlos Castro, revelan que el control de esta actividad está en manos de actores criminales transfronterizos, y han detectado la presencia en el Nanay de una facción disidente de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), conocida como «Sinaloa», o «Comandos de la Frontera», que tiene el control de gran parte de las operaciones mineras.
De acuerdo con testimonios de testigos protegidos de la Fiscalía y de mineros ilegales que accedieron a brindar información para este reportaje, el líder de esta organización es un personaje que obedece al alias de «Papilón», cuya identidad nos ha sido entregada por las mismas fuentes pero que no divulgaremos por la reserva de la investigación.
«Papilón» tendría documentos de identidad tanto en Perú como en Colombia, una táctica común de los delincuentes transfronterizos para confundir y evadir a las autoridades.
Uno de sus lugartenientes es un sujeto conocido por su alias de «Pastuso». Él y parte de su banda fueron capturados en el 2023, pero, sorprendentemente, fueron liberados pocas semanas después, pese a las gravísimas acusaciones y a la abundancia de pruebas.
La cantidad de ciudadanos colombianos que se movilizan actualmente por la cuenca del Nanay es difícil de establecer. Desde hace algunos meses, la Policía Nacional elabora en un cuaderno un registro de pasajeros en la cuenca. Solicitamos copia de dicho registro al Ministerio del Interior y observamos que, entre enero y julio de este año, al menos 60 personas transitaron por el puesto policial de Santa María del Nanay en dirección a Alvarenga, un poblado íntegramente dedicado a la minería ilegal.
Si a esta cifra se añaden los pasajeros que se dirigieron a Puca Urco, una localidad alineada también con la minería, la cifra de personas que hacen ese tránsito se eleva a 215. De acuerdo con agentes policiales que cumplen servicio en Santa María del Nanay y en Iquitos, muchos ciudadanos colombianos han obtenido documentación que los acredita como peruanos, y eso hace que su identificación sea difícil.
Los ciudadanos colombianos que transitan por Loreto ingresan al país en condición de turistas y por eso pueden ingresar al Área de Conservación Regional (ACR) Alto Nanay-Pintuyacu-Chambira.
Por todo lo indicado, la minería ilegal en el Nanay es una de las mayores amenazas para el medio ambiente, para las comunidades y para más de medio millón de personas que viven en la ciudad de Iquitos, que consumen sus aguas”, señala el redactor, entre otros párrafos muy importantes. (Resumen de Iván B.)
Mafias peruanas y exFARC colombianas han tomado el río Nanay
