- Por dos días juez escuchó fundamentación fiscal precisando porqué se les debería dar prisión preventiva.
Luego de largas horas de audiencia donde el ministerio público fundamentó su posición y los abogados argumentaron que la fiscalía había generalizado su demanda, ayer a las 5y 45 pm terminaron los debates.
Siendo que el juez de ese despacho anunció que la lectura de la resolución de pedido de prisión preventiva para varios personajes que laboraron en la Ugel/Datem del Marañón, será el día lunes 21 de octubre a las 2 y 30 de la tarde.
Ayer se debatieron varios presupuestos como el de peligro procesal (arraigo). La audiencia de ayer estuvo programada para las 8:30 de la mañana, mas debido a una falla en el grupo electrógeno del juzgado del Datem del Marañón, se inició a las 9 a.m. Estuvieron presentes los imputados Gerson Macedo Ramírez, Dolores Godos Castillo y Janely Murrieta Carhuajulca, esta última presente desde la tarde de jueves.
Paúl Michael Peralta Chota, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto, fundamentó que si bien los imputados han acreditado domicilio y trabajo conocido, eso por sí sólo no garantiza que estando en libertad los imputados se someterán a la acción de la justicia y de acuerdo a la Directiva 325-2011, esto deberá ser valorado.
Muchos de los imputados al no presentarse a las audiencias, dan muestra de no colaborar con la justicia, existiendo grandes posibilidades de peligro fuga”, puntualizó Peralta Chota. Media hora después de iniciada la audiencia y por primera vez, se presentó Nemesio Rodríguez Santillán, uno de los principales imputados del caso UGEL Datem del Marañón.
“La máxima de la experiencia demuestra que los imputados por delitos graves siempre tratan de eludir a la justicia señor magistrado”, mencionó el fiscal.
“No hubo un ánimo de colaboración de los imputados. No existe un mínimo de garantía que estando en libertad los acusados se sometan a la justicia.
Es fácilmente previsible señor magistrado, que los imputados estando en libertad puedan ejercer presión, coerción e intimidación entre coimputados y terceras personas para variar de versión y modificar elementos probatorios”, alegó el fiscal mientras que los abogados defensores acreditaban arraigo domiciliario y trabajo en la ciudad.
(Textos y fotos Marco Antonio Vizalote Ubillús).
