- Por derrame de petróleo
Las comunidades La Petrolera y Santa Teresa han reportado irregularidades en las medidas que ha tomado la empresa Pluspetrol para atender el derrame de petróleo que ha llegado a la quebrada Patoyacu en el río Chambira, Loreto. La emergencia identificada a inicios de junio y expuesta en medios regionales y nacionales, fue puesta en conocimiento al OEFA como parte del procedimiento formal, sin embargo, a casi un mes no es contenida en su totalidad a pesar de las constantes alertas.
La quebrada Patoyacu es fuente de uso y consumo cotidiano para las comunidades por lo que la demora en la limpieza viene dificultando la alimentación regular y arriesgando la salud de sus pobladores. En un vídeo reciente se puede observar cómo el derrame ha impactado mortalmente a un shirui, pez que forma parte de la dieta de las familias Urarinas.
Estado del derrame al 17/06/22
Los monitores ambientales también informan que los jóvenes encargados de la limpieza vienen trabajando sin contar con el equipo de protección personal completo, el cual es una condición mínima e indispensable para el tratamiento de trabajos de esta naturaleza (como guantes, mascarillas, chalecos, lentes de protección, mamelucos). La exposición al crudo es evidente tanto en los rastros de combustible en la quebrada como en el olor característico que ha emanado, lo que genera diversos malestares como migrañas, náuseas, dificultad para la respiración, entre otros.
Aún no se cuenta con las medidas de remediación correspondientes frente al derrame en el territorio de la comunidad nativa La Petrolera, salvo el levantamiento del hidrocarburo de manera muy artesanal y que no implica ni siquiera un paliativo ante el daño ocasionado.
Medidas precarias y artesanales que no contienen el incidente
En el caso de Santa Teresa, la asamblea comunal ha remitido una carta a la oficina de Asuntos Comunitarios de Pluspetrol denunciando el abandono de la empresa frente al suceso. Demandan la asistencia de agua tratada, medicamentos y víveres, amparados en la normativa para estos casos. Al día de hoy, no se ha obtenido respuesta por parte de la empresa.
La situación se da en el marco del inicio de la Consulta Previa del Lote 8, pero nuevamente el Estado no demuestra tener la capacidad y la voluntad política para garantizar a futuro la protección de los territorios y las comunidades indígenas frente a la actividad petrolera. (C. Ampuero)
