Lote 192. Historia de una suerte anunciada

Por: Gonzalo Marsa.

Cuándo 28 de febrero de 2023 Petroperú y Perupetro suscribieron el Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos del Lote 192, en Loreto, nadie imaginaba que con ello se daba inicio a un periplo tortuoso que nos conduciría a la mitad de ninguna parte.
Hoy la explotación de uno de los yacimientos petroleros más grandes del país y con mayores reservas probadas está empantanada, todo ello en perjuicio de todos los peruanos y de los pobladores de 25 comunidades nativas loretanas.
Petroperú, sin los recursos necesarios, albergaba allá por 2021 la ambición de encontrar un nuevo socio con espalda financiera para reactivar el lote 192, abandonado a su suerte durante la pandemia por la transnacional Frontera Energy y el mismo Estado. En todo caso, afán legítimo, incluso después de anoticiar de las malas nuevas llegadas desde la frontera con Ecuador de que el Lote, que había quedado a merced, estaba siendo sido pasto del pillaje por parte de moradores locales, tan inescrupulosos como menesterosos en tiempos de pandemia.
La empresa estatal, en uso de sus facultades y a pesar de todo, procedió a convocar a potenciales socios estratégicos para restaurar y poner en producción del Lote 192 bajo Contrato de Licencia con inversión compartida y explotación conjunta. Pese al desafío. todo parecía ir bien cuando Petroperú anunció la contratación de la empresa Altamesa Energy Canadá S.A.C. para su incorporación como socio estratégico.
Así pues, en agosto de 2021 ambos suscribieron contrato, apurados por recibir la correspondiente venia de Perupetro y, a ser posible, antes del cambio de régimen. Nada raro fue que expertos suspicaces del sector cuestionaran la legalidad de la firma del contrato por extemporánea. Otros tantos ya entonces dudaron las capacidades reales para medirse a tamaño desafío del aspirante a socio, Altamesa.
Con la llegada del gobierno de Pedro Castillo, dicho contrato no tardó en ser objeto de cuestionamientos por parte de la Contraloría, periplo durante el cual el proceso de contratación quedó entrampado en un limbo legal. A pesar de todo, y después de morosos escrutinios, Contraloría terminó por convalidar dicho contrato. A partir de entonces, con vía libre, Petroperú no demoró en solicitar a Perupetro iniciar la calificación de Altamesa E.C. como socio operador del Lote 192 bajo Contrato.
Perupetro, por su parte, no sin algunas indecisiones y contradicciones, terminó dando por buena la propuesta (que poco antes no le había parecido tanto), y la consiguiente calificación favorable a Altamesa E.S. Todo ello, sobre la base de un análisis del informe de supuesta solvencia financiera, presentado por la postora. Al parecer, Perupetro estimó que dicho aval era suficiente para ganarse su venia y que supuestamente garantiza su capacidad de invertir US$300 millones en el lote. El contrato de licencia, además, incluía el compromiso de implementar un programa de trabajo en la zona y la onerosa perforación de 41 pozos de desarrollo y uno más de tipo exploratorio. Por fin, el 28 de febrero del 2024, Petroperú y Perupetro, decreto supremo de por medio, suscribieron el Contrato de Licencia para la Explotación de hidrocarburos en el lote 192, que consagra además la necesaria colaboración societaria de Altamesa por un periodo de 30 años.
Todo eso hoy ya es historia y nebulosa. Cuando parecía que la accidentada gestación del contrato y el correspondiente parto con dolor de una nueva sociedad alumbraba al fin nuevos y prósperos tiempos para el Lote, ha trascendido al común que la suerte del 192 está lejos de ser la prevista. Tanto, que la continuidad de Altamesa está en entredicho y las operaciones en el Lote, en riesgo. Sin embargo, hoy no son tantos los sorprendidos como los escarmentados de la fatídica máxima que reza aquello de que “lo que mal empieza, mal acaba”.
Altamesa alega que se sus planes se han visto desbordados por la realidad: al parecer, los sobrecostes de hacer frente a la reparación de los estragos causados en el lote por los vándalos en 2021 no habían sido cabalmente dimensionados, ni considerados en el contrato.
Adicionalmente, la empresa habría visto defraudadas sus expectativas de conseguir financiamiento adicional de terceros para invertir en el lote, incluso de aquellos más cercanos. El resultado de este cúmulo de infortunios es la virtual paralización de las operaciones y el incumplimiento de los plazos de producción, tal como estaba previsto inicialmente.
Según fuentes acreditadas, se estima que la petrolera debería a sus contratistas cerca de US$60 millones. Adicionalmente, la empresa carecería de liquidez, todo lo cual compromete no solo el cumplimiento en tiempo y forma los términos del contrato, sino incluso despachar asuntos domésticos básicos como el pago de su propia planilla. Como a perro flaco todo son deudas, debemos añadir al inventario de infortunios el malestar de los pobladores a los que también se adeudan servicios prestados en la zona por empresas comunales.
Independientemente de las versiones y los atenuantes de la empresa, el ciudadano de a pie tiene derecho a preguntarse cómo hemos podido llegar hasta esta situación calamitosa. Estamos ante la historia de un apagón institucional de libro: el de todos aquellos organismos públicos involucrados en el caso, entes con competencias de evaluación y fiscalización que tenían que haber escrutado con luz y taquígrafos la letra pequeña de los postores y cribado a los avalistas.
Petroperú, Perupetro (y tal vez, Contraloría), le deben una buena explicación al país y a las comunidades. Llegado el momento, será hora de revisar la caja negra de un avión que pierde altura –por no decir que va en picada- independientemente de que el aterrizaje sea suave, abrupto o, en el peor de los casos, inexistente. Que cada palo aguante su vela.
Recordar que este impase expone a una situación de indefensión y vulnerabilidad a miles de pobladores de las 25 comunidades de etnia achuar y kichwa que desde el 2020 han perdido su única fuente de empleo remunerado. Este episodio confirma la ruptura del contrato social ambiental que ha regido los últimos 50 años en la zona entre pobladores y administradores. Contrato que, de forma más o menos indeseada, vinculaba a los pobladores con una prestante industria petrolera, hoy destartalada.
Sea como sea, y aún en el peor de los casos, la institucionalidad mantiene un deber de Estado con las poblaciones del Lote 192, a las que ha defraudado. Recordar que Altamesa tiene comprometida una carta fianza de USD 26 millones bajo custodia del Estado que, en el peor de los casos, debe emplearse prioritariamente en atender las deudas con las empresas comunales y trabajadores de la empresa.
Recordar que hay una deuda social y ambiental con los territorios nativos, devastados por décadas de vertidos intencionales y decenios de derrames fortuitos de una industria con patente de corso. Tras 50 años de indiferencia y abandono de un Estado con parálisis.
El Estado debe prepararse para el peor escenario: una larga travesía en el desierto antes de poder enmendar los borrones echados y de poder alumbrar nuevas condiciones habilitantes para la producción. Es hora de pensar en hacer de la necesidad virtud y lanzar un programa de protección social en la zona basado en la ejecución de programas sociales, tales como la remediación ambiental o cualquier otro que creen condiciones de ingresos dignos para las familias damnificadas, que permitan cerrar brechas sociales y heridas ambientales.
Cuando Perupetro aún no había formalizado la entrega administrativa del lote a Petroperú y, por lo tanto, la empresa aún no estaba facultada a realizar acto administrativo alguno en relación al lote (mucho menos, a firmar un contrato con un tercero como AEC. SAC.
Hoy ha trascendido que las operaciones están detenidas y que en la zona se vive una situación calamitosa.