El compadrazgo, la amistad, la coima, el billete bajo la mesa, el que me importa y demás lacras que arrastramos desde siempre, han hecho de nuestras autoridades y funcionarios públicos, encargados de otorgar permisos y licencias de funcionamiento, los promotores de uno y mil peligros a los que tiene que estar expuesto el vecindario en general. No hay a nadie más que culpar de amenazas letales.
Las licencias de funcionamiento que otorgan las municipalidades y la certificación de seguridad de Defensa Civil, deben ser sumamente estrictas, en esto no debe mediar ni la amistad ni el dinero. Y es más, las inspecciones a los establecimientos autorizados a funcionar, deben ser rigurosas, sin plazos, determinantes.
Quien ha infringido una norma, debe ser clausurado inmediatamente, porque sino vamos a tener que vivir con el riesgo de cargar un incendio a las espaldas. Las leyes se han hecho para todos, sin privilegio alguno en su cumplimiento. Los almacenes de aceites, pinturas, combustibles, no son más que amenazas que constituyen inseguridad en la población.
Iquitos está sembrado de bombas de tiempo. En cada cuadra hay un grifo de combustibles, es ya un decir cotidiano. Inmuebles que aparentemente guardan útiles y enseres caseros de carácter familiar, encierran gran cantidad de material inflamable de combustión inmediata. Una chispa y se desata un voraz incendio, que se propaga sin detenerse, sin control y vaya usted a apagar eso.
Es innegable que a nadie le perturba posibles sanciones por incumplir normas y reglamentos. Las disposiciones están hechas para los tontos, no para los vivos que con un fajo de billetes solucionan todo. Así está de podrida la administración pública, sin que haya en el horizonte una luz que anuncie un cambio de actitud y de comportamiento.
Aquí solo tiene lugar la denuncia ciudadana. Cuando tengamos la seguridad de que un funcionario no ve ni oye, pero que sí extiende su mano, hagamos sentir nuestra presencia.
