Cercanos están aún los días de hace 20 años en que nuestro país suscribió la Convención sobre los derechos del niño, sumándose así a los 193 países que adoptaron dicha carta universal y con ella el compromiso de proteger a quienes representan el futuro de la sociedad mundial.
Lamentablemente, luego de 20 años de suscrito tal documento, el balance sigue siendo negativo, debido a que el desarrollo macroeconómico del país no ha implicado necesariamente, el respeto por los derechos de los niño del Perú. Sobre todo en el ámbito del reconocimiento legal de su acceso a la educación, la salud y la protección contra el abuso y la explotación.
Desde aquella fecha, se ha alcanzado algunos logros, sobre todo durante el presente gobierno (Colegio Mayor y una laptop para cada niño); pero también ha habido muchos fracasos, sobre todo en los cuatro niveles de protección que establece la Convención; rechazo a la discriminación, garantías para que se cumplan los asuntos que afectan a la infancia entre ellos derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo así como las opiniones de los niños.
Según informes de organismos internacionales, sobre todo de la UNICEF, los niños has sido los más vulnerables y desprotegidos en el Perú. Fue en el 2003 cuando se informó que más de 20 mil niños menores de cinco años, morían por causas inevitables y del volumen de personas en extrema pobreza la mitad eran niños. Pese a ello la ONU señala que la mortalidad infantil registraba una reducción del 80% . Por regiones la situación es diferente, hay una diferencia de uno a tres puntos entre Lima e Ica frente a Huancavelica y Puno.
Sin duda, como país tenemos una súper deuda pendiente con los niños del Perú, deuda que exige mayores presupuestos y una enorme voluntad política a favor de la inclusión. Asimismo, la salud del niño obliga a atacar la desnutrición infantil crónica que afecta a más del 20% de menores de cinco años, mientras la anemia hace presa del 56% de los menores de 3 años. Estos indicadores y otros más reflejan que como país no hemos cumplido con la Convención de los Derechos del Niño. Es una deuda pendiente que exige presupuestos pero también un enorme compromiso y mucha voluntad política a favor de la inclusión social.
