- Jueces superiores que integran comisión distrital de interculturalidad y apus sostuvieron importante diálogo en el que se planteó problemática de la contaminación, además de socializarse aspectos relevantes sobre los derechos de los pueblos indígenas.
- Presidente del Poder Judicial de Loreto informó a apus de las comunidades nativas las acciones programadas para el presente año en el tema de justicia intercultural, entre ellas capacitaciones a magistrados y encuentro regional con líderes indígenas.
La tarde del último miércoles, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Javier Santiago Sologuren Anchante, junto a los magistrados Aldo Atarama Lonzoy y Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas, se reunieron con los líderes indígenas de las comunidades de Nueva Alianza, Atahualpa, Sachapapa, Ajachim, Borja, Santa Rosa, Nuevo Progreso, Kuji, Palestina, Wee, Nueva Alegría y Kapernaum; así como con los representantes de las organizaciones ORPISEM, CHAPI SHIWAG, ORPASY, FENERA Y FENAM, quienes socializaron la problemática que vienen afrontando por la contaminación ambiental, originada a causa de la extracción petrolera en estas zonas. Ellos indicaron que sus quejas contra la empresa Petroperú no vienen siendo escuchadas, motivo por el cual señalan que han estado realizando protestas y paros para exigir la atención del Estado y que éste proceda con la formalización de las denuncias.
De otro lado, también expresaron su preocupación por la forma en que se vienen diligenciando los procesos judiciales en Datem del Marañón, a lo que el Presidente de la Corte indicó que se estarán realizando oportunamente las verificaciones para identificar y corregir los posibles inconvenientes que se estén presentando.
Sologuren Anchante refirió: “Reconocemos que en el Poder Judicial falta sensibilizar a los magistrados. La idiosincrasia del citadino a veces hace deformar las ideas por el desconocimiento de la realidad de los pobladores de provincia. A través de este diálogo estamos recogiendo el saber de ustedes basado en su cultura”. También anunció las próximas capacitaciones que se impartirán a los jueces en el tema de justicia intercultural: “Estamos comprometidos en capacitar a los jueces, siendo necesario que conozcan la realidad del lugar a donde van; por ejemplo, al juez quien designamos en Andoas, al igual que otros magistrados les hemos recomendado compatibilizar la cultura nuestra con la de ustedes”.
A su vez, hizo mención al antecedente de resoluciones judiciales de la Corte Superior de Justicia de Loreto en atención al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales: “No hemos tenido temor en aplicar la ley en favor de los pueblos originarios, así está reconocido a nivel internacional. Creemos en un desarrollo sostenible, no rechazamos que se aproveche la tierra, pero así como se extrae la riqueza de la madre tierra, también debe mantenerse el orden y equilibro del medio; en tanto no se den esas garantías, no es posible que se depreden los recursos naturales. Ustedes llevan la alerta sobre lo que ocurre en sus comunidades”.
Otro aporte al diálogo fue dado por Michael Kuji Cruz, Presidente de la Organización de los Pueblos Indígenas del sector Manseriche –ORPISEM: “A veces nos engañan. Para los apus es una burla que archiven nuestros casos (…). Nosotros quisiéramos saber si ustedes nos podrían respaldar en nuestros derechos. Hay derechos de los pueblos indígenas y es bueno darlos a conocer para poder defendernos”.
Al mismo tiempo, Esau Kuji, dirigente indígena, canalizó las preocupaciones de sus hermanos de lengua Awajún, haciendo la respectiva interpretación de la lengua originaria: “El líder Jorge Kuja Jiukan, dirigente de Chapis del río Cangaza, expresa que las comunidades no desean que se derrame más petróleo, pero también se preguntan por qué ellos terminan siendo denunciados cuando reclaman. Por qué las autoridades no hacen caso a lo que los pueblos reclaman”.
Ante tal abordaje, Carlos Alberto del Piélago Cárdenas, Juez Superior Titular de la Corte de Loreto repuso:
“Expresar su desacuerdo, manifestar que se tiene que reparar los daños que cometen (por las empresas) no es un delito, ni puede ser delito jamás. En esta Corte existen muchas sentencias que se resolvieron a favor de ustedes. No puede ser tolerable que el agua esté contaminada, que no haya que comer porque los peces están contaminados y se están muriendo, y que el Estado sea indiferente y no garantice el derecho a la vida. ¿Qué van a comer? ¿Van a tomar agua contaminada para morirse? Eso ocurre cuando el Estado quiere estar bien con las empresas y no le importa el pueblo. En el Poder Judicial nuestro fundamento es hacer respetar el derecho de las personas, el derecho a la vida, a la salud; lo que quiere decir protegerlos como seres humanos y respetar sus costumbres, su forma de vida. Esa es nuestra posición. Con la violencia no deben evitar que los pueblos se manifiesten. Que se sepan que están enojados con justa razón. Estamos de acuerdo que se cuide el bosque, la naturaleza, porque ustedes cuidan el territorio de sus ancestros y de sus hijos”.
“No queremos hacer protesta tas protesta. Respetamos justicia occidental y justicia indígena. Los líderes somos portavoces de nuestros pueblos”
Fueron las palabras de otro líder indígena, quien manifestó que los pueblos necesitan justicia y ser escuchados considerando su lengua y costumbres: “¿Cómo aprendió el pueblo indígena a reclamar sus derechos? Haciendo protesta, y recién cuando se llega a ese extremo, resulta en que nos denuncian. Pero los Fiscales hacen deben conocer de los pueblos originarios, que sepan hablar y entendernos los que estamos demandando (en referencia a su lengua). No queremos que se llegue a ese extremo de protestas y protestas; y por parte del Poder Judicial, quisiéramos que nos guíen acerca de cómo la justicia protege en nuestros derechos”.
En el contexto de la intervención anterior, el Juez Superior Aldo Nervo Atarama Lonzoy refirió la existencia de leyes y procedimientos que precisan ser aplicados por su mismo carácter normativo, enfatizando que el sistema de justicia se debe seguir rigurosamente, pero que también existe la justicia intercultural, que busca brindar autonomía al momento de la administración de justicia en las comunidades indígenas, pero que –lamentablemente- el desconocimiento conlleva a cometer errores, tanto por las instituciones ligadas al sistema de justicia como por las propias comunidades.
“Es importante que a través de su organización actúen previamente para evitar esas denuncias. Los dirigentes necesitan capacitarse. No podemos capacitar a todos, por un cuestión de presupuesto, pero a través de sus líderes podremos realizarlo. Los abogados conocen y manejan las leyes, los pactos y tratados internacionales, pero los Apus también pueden administrar justicia de acuerdo al artículo 149° de la Constitución Política del Perú. Para ello, es vital que comuniquen cuándo aplican justicia, y eso debe estar escrito a través de un acta simple, comentando que la persona ya ha sido juzgada por el pueblo. Nos interesa conocer más sobre ustedes, el problema de las mujeres y que otras cosas pasan en las comunidades”.
