El antisoborno y la anticorrupción son prácticas para prevenir, detectar y combatir actos de corrupción. Mientras que el antisoborno se enfoca en la prohibición de ofrecer o aceptar incentivos para influir en decisiones, la anticorrupción es un término más amplio que abarca todos los actos ilegales de abuso de poder o autoridad para beneficio personal, como el soborno, el fraude y el desvío de fondos públicos. Ambos buscan promover la integridad, la transparencia y la ética en el sector público y privado.
Este amplio concepto no es tomado en cuenta en prácticas efectivas y políticas de gestión que lleven a erradicarlo, porque también implica asignar presupuestos para lograr el éxito, lo que no se cumple. Una sola muestra son los comités anticorrupción ciudadana que, si las entidades ediles no les asignan un sol, no tienen ni para el papel. Estas iniciativas deben partir desde dentro de las entidades públicas y privadas, éstas últimas que están pasando por “agua tibia” a pesar de coludirse con los públicos.
Todo esto nos llama a pensar, a propósito que esta semana la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial ha anunciado la aprobación de la Política del Sistema de Gestión Antisoborno de la institución, para prevenir actos de corrupción en la entidad. Adoptando una postura de tolerancia cero frente a este tipo de conductas. Y para tener éxito la institución está asumiendo compromisos orientados a la prevención de riesgos, mediante medidas que fortalezcan los mecanismos de control interno.
Esta iniciativa no es nueva, pero qué bien que se esté dando este 2025. Veamos un poco de historia. Recordamos que se ofreció la instalación de un Comité Anticorrupción para una próxima gestión del gobierno regional de Loreto. Fue la propuesta lanzada por uno de los candidatos a presidente del Gorel, años atrás, en uno de esos pocos debates políticos.
Ese candidato ganó las elecciones regionales, instaló el Comité Anticorrupción para su gestión regional presidido por una destacada profesional loretana conocida por su fuerte temperamento, además, que podría haber sido una característica ideal para el fiel cumplimiento de sus funciones, pero, tristemente el comité desapareció del mapa, no funcionó, o no la dejaron funcionar a decir de las decenas de denuncias por corrupción que surgieron contra esta gestión, y que costó cárcel para varios, y que todavía siguen cumpliendo con sentencias.
De esta experiencia, lo que se puede rescatar es que, si desde la cabeza de una gestión sea de gobierno nacional, regional o municipal, no hay una línea anticorrupción, ningún comité, comisión, ni sistema que se pareciera, podrá funcionar, es imposible si desde quien lidera no hay respaldo total. Una muestra de lo posible: la gestión del presidente de El Salvador, y otros más en el mundo.
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Los “antis” soborno y corrupción
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