Por: Fabiola Yauri
Economista del Consejo Privado de Competitividad
La inversión pública tiene un rol clave en el desarrollo del país. Cuando una obra se ejecuta y se entrega, se cierra una brecha de infraestructura y puede traducirse en mejores servicios públicos y mayores oportunidades para la actividad económica. En Loreto, lamentablemente, importantes proyectos de inversión pública registran ejecución cero, se han retrasado en promedio más de un año en su finalización, presentan desviaciones de costo que superan en promedio el doble de lo aprobado inicialmente y ni siquiera informan sobre su avance físico.
En 2025, Loreto contó con un presupuesto de S/ 2.365 millones para la ejecución de obras públicas, monto que superó en S/ 23 millones al asignado en 2024. De este total, se ejecutó casi el 86%, ubicando a la región entre las diez con mayor nivel de ejecución a nivel nacional. No obstante, este buen desempeño agregado convive una realidad preocupante: más de 200 proyectos con presupuesto, lo que equivale al 12% del total, registraron ejecución cero. Es decir, doce de cada cien proyectos no ejecutaron un solo sol pese a contar con recursos asignados.
Entre los proyectos con ejecución cero se encuentran inversiones clave para la mejora de la calidad de vida de miles de loretanos. Por ejemplo, el proyecto de mejoramiento de los servicios educativos de la Institución Educativa Técnica Integrada “Jesús Nazareno”, en el distrito Barranca de la provincia Datem del Marañon, el cual contó en 2025 con un presupuesto de S/3,1 millones; sin embargo, no registró ejecución alguna durante el año. Cabe señalar que este proyecto se encuentra paralizado desde 2023, y aunque inició su ejecución en 2016, solo alcanzó un avance físico acumulado de 58%.
A ello se suma otro problema adicional: las desviaciones de costo. Se han identificado 404 proyectos con variaciones de costo respecto al monto viable, con una variación promedio de 122%, es decir, más del doble de lo estimado inicialmente en los estudios de preinversión. Cerca del 80% de estos proyectos presenta incrementos superiores al 50%. Por nivel de gobierno, los gobiernos locales de Loreto—que concentran la mayor parte de la cartera de inversión— registran la mayor desviación (130%), seguidos por el gobierno regional de Loreto (119%) y el gobierno nacional (83%).
Los retrasos en la culminación de las obras profundizan aún más el problema. De los 1.469 proyectos activos con presupuesto institucional modificado (PIM) en Loreto, 309 —el 21% del total— registran retrasos en su finalización, con un atraso promedio de 369 días, es decir, más de un año. Por nivel de gobierno, el gobierno regional de Loreto presenta los retrasos más severos: el 12% de sus proyectos activos acumula, en promedio, 1.329 días de atraso. Uno de ellos es el proyecto de mejoramiento de las vías vecinales Félix Flores–Atahualpa, en el distrito de Manseriche, cuyo costo actualizado supera los S/44 millones y cuya entrega se ha retrasado en más de cinco años (1.917 días). En los gobiernos locales, el 25% de los proyectos presenta retrasos promedio de 225 días, mientras que en el gobierno nacional el 5% registra retrasos promedio de 319 días.
Finalmente, la rendición de cuentas sigue siendo una tarea pendiente para mejorar la eficiencia física de los proyectos. La evidencia muestra que el acceso a información sobre el desempeño gubernamental permite detectar y disuadir prácticas corruptas, evitan incrementos de costos y mejora el avance físico de las obras. No obstante, en Loreto, de los 1.040 proyectos obligados a reportar avance físico, el 46% —casi la mitad— no cumple con hacerlo. El incumplimiento es aún mayor en los proyectos a cargo de los gobiernos locales, donde el 50% no informa su avance.
En este contexto, resulta evidente que el principal desafío de la inversión pública en Loreto no radica en la falta de recursos, sino en cómo se gestionan los proyectos a lo largo de todo su ciclo. Fortalecer la selección y preparación de inversiones, mejorar la capacidad técnica de las entidades ejecutoras y reforzar el seguimiento de costos y plazos es indispensable para que la inversión pública cumpla su propósito. Solo así los recursos asignados podrán traducirse en infraestructura, servicios y mejoras reales en la calidad de vida de los loretanos.
