- Región concentra el 14.7% de los casos reportados en abril de 2025, según la Defensoría del Pueblo.
La región Loreto vuelve a encabezar la lista de departamentos con mayor número de conflictos sociales en el país. Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo correspondiente a abril de 2025, Loreto registra 29 casos, de los cuales 20 se encuentran activos y 9 latentes, representando el 14.7 % del total nacional.
Esta tendencia no es nueva: Loreto ha ocupado el primer lugar en conflictos sociales durante cada mes en los últimos años, esto de manera consecutiva, reflejando una situación de alta tensión social y falta de resolución estructural a las demandas de la población.
A nivel nacional, en abril se contabilizaron 197 conflictos sociales, de los cuales 143 están activos y 54 latentes. Loreto se sitúa por delante de regiones como Puno (18 casos) y Cusco (17 casos), siendo la zona con mayor concentración de conflictos en una sola jurisdicción.
Durante el mes analizado, dos casos en Loreto alcanzaron niveles críticos de conflictividad. Se trata del conflicto entre la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas (CORMI) y la UGEL, así como del caso Sinchi Roca – Derrame ONP II, relacionados con demandas sociales y ambientales que no han sido atendidas con eficacia por las entidades competentes.
La persistencia de estos conflictos, en su mayoría vinculados a temas ambientales, acceso a servicios básicos, territorio y representación de comunidades indígenas, pone en evidencia la necesidad urgente de políticas públicas que apunten a la prevención, diálogo sostenido y cumplimiento de compromisos.
Analistas señalan que la falta de presencia efectiva del Estado, la débil institucionalidad y la demora en las respuestas agravan la conflictividad en esta región estratégica de la Amazonía, donde históricamente se han acumulado reclamos sociales sin solución.
El escenario de Loreto debe ser una alerta para el Gobierno central y regional. Sin mecanismos eficientes de gestión de conflictos y una presencia estatal articulada, los focos de tensión seguirán escalando, con posibles consecuencias para la estabilidad local y la gobernabilidad, advierte la Defensoría del Pueblo. (K. Rodriguez)
