- Escribe: Ing. César Calderón Vela
- Reg. CIP. N° 32486
Quiero empezar este artículo para recordarle a cada peruano que, a Fujimori, nunca hay que recordarle como el mejor presidente del Perú, si no el quien puso el fósforo de la corrupción y destruir un país en construcción.
Entre 1990 y 2000, el gobierno de Alberto Fujimori impulsó una política para anular la actividad empresarial del Estado. Por eso, uno de los casos más emblemáticos analizados por el Congreso en el 2001, fue la privatización de las empresas públicas y su transferencia a manos privadas.
A partir de 1993, se efectuaron 228 operaciones de venta, concesión o liquidación de empresas públicas. Fueron privatizadas empresas mineras (90%); de manufactura (85.5%), hidrocarburos (68%), electricidad (68%) y agricultura (35%). El monto total de las transacciones alcanzó los 9 mil 221 millones de dólares; las investigaciones parlamentarias determinaron que solo 6 mil 445 millones de dólares ingresaron al tesoro público. Es decir, unos 2 mil 776 millones de dólares se quedaron en el camino, esto equivalía a unos 6 mil 495 millones 840 mil nuevos soles.
Del monto que sí ingresó al tesoro público, unos 11 mil 419 millones 200 mil nuevos soles fueron destinados a las compras secretas e irregulares de armamento a grupos de traficantes que, como demostraron las investigaciones posteriores al régimen, devolvían parte del dinero a manera de “comisión” para Vladimiro Montesinos y altos funcionarios del Estado.
Las investigaciones parlamentarias, además, constataron que en los procesos de privatización se subvaloraron los activos de las empresas del Estado, se utilizó información privilegiada en beneficio de los privados y otras prácticas que ahondan el perjuicio generado al estado peruano con este proceso.
Fujimori, capturó todas las instituciones del Estado y convocó a la ciudadanía y grupos políticos a redactar un nuevo Proyecto de Constitución, donde cerraban toda intervención del Estado, se disolvió el Banco Agrario del Perú, al cual forme parte de esta institución con mis 33 años, con familia, y con hijos muy pequeños sufrimos de este descalabro económico, fue traumático lo que hicieron a 12,000 trabajadores, donde te exigían a renunciar recibiendo un irrisorio “incentivo monetario” que no estaba indexado a esa época inflacionaria, de los años 90’ que padecía nuestro país.
Fujimori respaldado por una Ley del Ejecutivo disuelve y liquida el Banco Agrario del Perú, la producción de fibra de yute decae totalmente, así como el arroz en barreales y el maíz en restinga, muchos agricultores de Loreto y Ucayali dejaron de producir. Según el especialista Humberto Campodónico Sánchez, “la Constitución del 1993” tiene su esencia amarga que hoy lo estamos probando, de “prohibir” la “existencia de empresas públicas” y “el sentido común” de la gente era hacer creer a las empresas públicas como ineficientes y burocráticas y que solo la empresa privada salvaría al Perú (mejor si es extranjera).
Necesitamos una estrategia con crecimiento orgánico de todos los sectores agrarios, contamos con una Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, (Ley N° 30355), que tiene por objetivos establecer las responsabilidades del Estado en la promoción y desarrollo de la “agricultura familiar” a partir del reconocimiento de la pequeña familia, pero acá en Loreto y Ucayali esta Ley no tiene imperio, como tal, ya que su cobertura al desarrollo de la Agricultura Familiar en suelos aluviales es “discriminatorio”, no cuenta , no suma a esta expectativa Loreto y Ucayali, no suma a la gran masa social establecida en poblaciones que conducen su agricultura en suelos aluviales, como la siembra de arroz en barreal que son los suelos más fértiles del mundo, suelos de restingas, donde muy bien saben ustedes que en estos suelos se siembra el maíz, yute, maní, frijoles, hortalizas, tomate, sandia, y melón, y su rol importante en la seguridad alimentaria, en la dinamización de las economías locales, en la contribución al empleo rural.
Posteriormente, a partir de julio de 2021, en el gobierno del Sr. Pedro Castillo Terrones con su llamada “Segunda Reforma Agraria” no implementó ninguna política pública efectiva para mejorar el sector agrario, donde estaba la propuesta de creación de un Banco de Fomento Agropecuario, con tasas de interés de 3.5% anual, y no como la que actualmente impone el AGROBANCO tasas entre 23 a 26 % anual.
Loreto necesita reactivar 2 millones de hectáreas de suelos aluviales para sembrar arroz en barreal, maíz en restingas, maní, frijol de las especies castilla, ucayalino, caupi, cultivo de yute dada la importancia mundial de esta fibra después del algodón, hortalizas, tomate, frutas como la sandía, melón, camu camu y otros cultivos de corto período vegetativo.
Todos los peruanos saben y reconocen que la Constitución del 93 se promovió ante los hechos del golpe de estado ocurridos el 5 de abril de 1992, y fue aprovechado por la ingobernabilidad del país, hoy nuevamente renace esa rebeldía, en donde dos tercios del territorio nacional no aceptan a este gobierno “usurpador” de Dina Boluarte Zegarra. Al nivel exterior la política en el Perú, esta inmadura, no lo aceptan, tiene una mirada “unísona”, criticas expuestas por las muertes de 101 ciudadanos por impacto de bala, que lo único que exigen es “su renuncia” y nuevas elecciones. Andrés Manuel López Obrador presidente de México y el presidente de Colombia Gustavo Francisco Petro Urrego acusaron al gobierno de Dina Boularte de ir en contra “los principios y valores que rigen la convivencia democrática en un país».
Hoy no contamos con partidos políticos, lo que tenemos son 130 delincuentes en el congreso, que dictan Leyes a favor de grupos económicos, son “mocha sueldos” de sus propios trabajadores, son “lobbistas” y trabajan para un colectivo que buscan sus propios intereses. Queremos una nueva asamblea constituyente, esto nos dará una nueva constitución, donde prime la gobernabilidad del país, donde prime el desarrollo agrario del Perú, la economía agraria está colapsada, no producimos “nada” porque el estado no protege la producción nacional, el estado debe tener empresas que protejan la producción nacional, exijamos consumir lo nuestro e impidamos la importación de fibra de yute de la India y Bangladesh, para poder producir en Loreto y Ucayali.
