Por: Alexis Puicón
Economista*
El ingreso de la petrolera estatal al upstream hidrocarburífero (exploración y explotación) es, estricto sensu, un asunto ideológico, un asunto de política económica que cuestiona el papel fundamental del Estado en la economía, en particular el papel del Estado a través de Petroperú en la industria de hidrocarburos. Es una punta de lanza que ataca el núcleo duro del axioma cumbre del pensamiento económico dominante: El Estado es un pésimo empresario. Como escrito en piedra, este axioma está plasmado enfáticamente en la redacción del Régimen Económico (Art. 60 de la Constitución del 93): “Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial directa o indirectamente, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.” El camino hacia el retorno de las empresas estatales está allanado.
Tras el desastre económico resultado de políticas populistas de los gobernantes anteriores a la década de los 90, adoptamos como bálsamo curativo para todos nuestros males el decálogo de las políticas de estabilización diseñadas en 1989 por el Consenso de Washington. La premisa implícita era que el Estado opera peor que los mercados, por consiguiente, un estado pequeño es mejor. La consigna fue, entonces, privatizar. Resultado: enseñoreamos al mercado y pontificamos a la empresa privada. Nos fuimos al otro extremo.
Pero si de pontificar a la empresa privada se trata, pongamos de ejemplo a REPSOL (dueña de la refinería La Pampilla y de una importante cadena de grifos): En 2013 esta compañía perdía y Petroperú ganaba. Para el 2014 los estados financieros mostraban que ambas empresas perdían (REPSOL perdía el triple que Petroperú). Y en el primer semestre de 2015, ambas ganaban (Petroperú gana 4 veces más que REPSOL). Lo más grave es el funesto coletazo de pérdidas que afecta a los afiliados de AFP INTEGRA que tienen el 5.74% de acciones de REPSOL.
En Petroperú se pone en evidencia las fallas de Estado que identifica la teoría económica en las empresas estatales: precariedad y obsolescencia institucional; funcionarios que se guían por incentivos políticos, rentismo y mercantilismo; no rinde cuentas y no se gestiona por resultados. Fallas que es factible corregir mediante el fortalecimiento institucional de la empresa: Una reforma de buen gobierno corporativo con instrumentos legales que permitan operar el negocio como empresa integrada verticalmente que genere flujos de caja suficientes para financiar sus inversiones sin tener que recurrir a financiamiento público.
Pero el retorno de Petroperú a los campos no es la bala de plata que resuelva los problemas financieros y de ralentización del crecimiento económico de Loreto. Con el precio del petróleo a US$40 desde el año pasado, la renta petrolera cae año por año. Es hora de madurar la descentralización fiscal que permita un crecimiento equitativo y equilibrado en las regiones. Descentralización fiscal es: política de ingresos, política de inversiones, política de transferencias y política de endeudamiento.
