- Sobre todo contra la corrupción que es su peor forma.
“Justicia” es la palabra que resume el clamor de la población que se ve afectada por la inacción o la atención deficiente del Estado. Ello, termina también siendo asociado al sistema de justicia, afectando la imagen de las instituciones que lo conforman; sobre todo, del Poder Judicial.
Ante tal situación, este poder del Estado está impulsando decididamente la labor de impartir justicia de manera pronta a fin de resolver oportunamente los conflictos que diariamente se presentan ante ella. Justamente, por esto, se están implementando las unidades de flagrancia para la célere resolución de aquellos delitos que afectan constantemente a la comunidad, a través de un sistema de juzgamiento que permite sancionar en breve término a aquellos que violan la ley.
Esta labor requiere el trabajo comprometido y conjunto de las instituciones que conforman el sistema de justicia, Policía Nacional, Ministerio Público, Defensa Pública y Poder Judicial, porque sólo así se podrá tener éxito ante la criminalidad que viene asolando a nuestra sociedad.
No obstante, es importante remarcar que cada una de las instituciones citadas tiene funciones diferenciadas y es indispensable que la población las conozca, para que así también pueda ver los casos en que hay vulneración del sistema y en quién recae dicha responsabilidad.
Precisamente, por ello, la Corte Superior de Justicia de Loreto ha emitido comunicados firmes sobre las sanciones para quienes incurren en delitos de corrupción, no importando el poder económico o político que puedan tener. Al mismo tiempo, los magistrados y magistradas vienen emitiendo decisiones imparciales, probas, y ajustadas estrictamente al Derecho.
Esto último no es del agrado de los grupos de poder económico y político que ven con temor a un sistema de justicia independiente e imparcial, porque ya no pueden digitar el sentido de las resoluciones; lo que se traduce en una sostenida campaña de mentiras y difamación en agravio de juezas y jueces, como viene ocurriendo en algunos portales informativos locales que, sin rubor alguno, se han convertido en voceros de la corrupción, propalando todo tipo de falsedades, creyendo que van a salir impunes.
La Corte de Loreto también se ha visto obligada a, objetiva y fundamentadamente, deslindar responsabilidades cuando se ha pretendido atribuirle los errores cometidos por otras instituciones del sistema, a fin que la población conozca la verdad de los hechos.
Cierto es que, anteriormente, no se había realizado este tipo de pronunciamientos institucionales, lo que ha ocasionado el inmerecido desprestigio del Poder Judicial, ya que la ciudadanía no era informada objetivamente en quién radicaba las fallas que se cometían y que perjudicaban los procesos.
Vale decir, no se pretende atacar a otras instituciones, sino simplemente aclarar las cosas porque, finalmente, el éxito de la justicia se basa en la correcta y eficiente labor de todas las entidades que conforman este sistema.
En otras palabras, el Poder Judicial podrá dictar las sentencias que el pueblo ansía, sí y sólo sí, los casos son presentados con todos los elementos probatorios que permitan establecer sin lugar a dudas la responsabilidad de quienes tanto daño vienen haciendo a la sociedad loretana.
No olvidemos que, sólo en el año 2021, la Contraloría de la República identificó un desfalco en instituciones públicas del departamento de Loreto por más de 500 millones de soles, lo que permite inferir que, en años anteriores, ha podido ocurrir algo similar. Este dinero debió ser empleado en beneficio de la población, principalmente, de los estratos más humildes, los que en la práctica carecen de todo, pero que, malos funcionarios se lo han apropiado para su vil beneficio personal, destinando parte de éste al pago de inescrupulosos abogados y seudo periodistas con el fin de despotricar contra las y los magistrados, así como contra el señor Presidente de Corte.
Cabe resaltar que, desde el inicio de su gestión, el doctor Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas, ha impulsado decididamente, de la mano de magistrados y servidores, el fortalecimiento del servicio de administración de justicia, buscando un cambio real en la Corte de Loreto; y, parte de esta tarea, se ha centrado en impulsar los procesos con la debida diligencia, sobre todo, los emblemáticos, aquellos que no sólo perjudican a una o pocas personas, sino al desarrollo de esta región y de sus cientos de miles de habitantes. De igual manera, se ha reforzado el impulso de aquellos que afectan a grupos en condición de vulnerabilidad: niñas, niños, mujeres, adultos mayores, pobladores indígenas, personas con discapacidad, etc.
En ese sentido, debemos estar alertas permanentemente para hacer prevalecer la justicia por sobre los intereses de grupos de poder y de las mafias que pululan en nuestra sociedad, así como de sus voceros oficiosos, quienes desinforman a la comunidad con el único propósito de impedir que el sistema de justicia funcione, evidenciando su desesperación porque ya no pueden manipular las decisiones que adoptan los magistrados y magistradas probos que integran la Corte de Loreto.
Por nuestra parte, tenemos el anhelo de que la comunidad se acerque al Poder Judicial con la plena confianza en que va a recibir un servicio con calidez, de calidad, imparcial, oportuno, y honesto. CSJ Loreto
