- Región reporta 29 casos en mayo, la mayoría de tipo socioambiental, según la Defensoría del Pueblo.
Loreto vuelve a ocupar el primer lugar a nivel nacional con la mayor cantidad de conflictos sociales registrados en el mes de mayo, de acuerdo al más reciente Reporte de Conflictos Sociales elaborado por la Defensoría del Pueblo. La región se mantiene en esta preocupante posición desde hace más de cuatro años, siendo un reflejo constante de las tensiones no resueltas entre comunidades, Estado y empresas extractivas en la Amazonía peruana.
El documento señala que Loreto acumula un total de 29 conflictos sociales, de los cuales 21 se encuentran activos y 8 latentes. La gran mayoría, 23 casos son de carácter socioambiental, es decir, relacionados a la oposición o demandas sociales frente a actividades económicas que afectan el entorno natural o los derechos colectivos de las comunidades. Además, se registran 4 casos vinculados al gobierno nacional, uno al gobierno regional y otro al gobierno local. Le siguen, con menor incidencia, las regiones de Puno (18 casos) y Cusco (17), lo que posiciona a Loreto muy por encima del promedio mensual habitual.
Los conflictos socioambientales se definen como aquellos que surgen cuando las poblaciones, especialmente comunidades indígenas y rurales, perciben que las actividades extractivas como la minería o la explotación petrolera afectan negativamente su entorno ecológico, sus formas de vida, o vulneran derechos colectivos, sin una adecuada consulta previa, compensación o atención estatal. En Loreto, estos casos suelen estar ligados a demandas por remediación ambiental, inclusión en beneficios económicos o implementación de servicios básicos.
Entre los casos más representativos del mes se encuentra el de la Federación de Pueblos Indígenas del Bajo Corrientes (FEPIBACOR), que exige su incorporación al Fondo de Desarrollo Social y al proceso de Consulta Previa del Lote 8. La organización también solicita que la empresa operadora del lote considere a sus comunidades para puestos laborales y pide la instalación de una mesa técnica con entidades estatales para atender demandas en salud, educación, infraestructura y otros servicios públicos.
Durante el mes de mayo, dos casos alcanzaron niveles críticos. Uno de ellos corresponde a Loreto: el conflicto por el derrame de crudo en la comunidad de Sinchi Roca, en la zona de influencia del Oleoducto Norperuano (ONP II), que generó gran alarma ambiental y protestas comunales. El segundo caso se registró en Áncash, con el enfrentamiento entre comunidades campesinas de Atupa y Antahurán contra la empresa minera Barrick Perú.
Consultado sobre estos datos, el jefe de la Oficina Defensorial de Loreto, Abel Chiroque, expresó su preocupación por la persistencia de estos conflictos y la falta de respuestas efectivas por parte del Estado. “Loreto necesita una intervención multisectorial sostenida. La mayoría de estos conflictos podrían prevenirse si existiera voluntad política para garantizar servicios básicos, atención ambiental y procesos de consulta interculturalmente adecuados. El abandono prolongado de nuestras comunidades no puede seguir siendo la regla”, enfatizó el defensor. (K. Rodriguez)
