- Declaró el Dr. Luis Alonso Huertas Vargas, actual jefe de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Loreto.
- Agregó que existen 3,100 casos de procesos por presunta corrupción y que cada abogado tiene a su cargo 700 casos.
Lo que resulta absolutamente imposible de resolver en el menor tiempo posible. El profesional viene desempeñando dicho cargo desde el 29 de febrero del año 2024. Confirma que lo que más le ha impactado en Loreto, es el alto índice de actos delictivos que afecta el erario estatal, lo que significa que la intensidad es mayor en esta parte del oriente.
Doctor, usted no es de esta región ¿qué le impactó más cuando llegó a desempeñar su función de Procurador Anticorrupción del Estado?
-He laborado en el sistema anticorrupción de Lima Sur, también en Moquegua. Sin embargo, esta Procuraduría lo que me ha generado es un mayor impacto en demasía, en la cantidad de casos por actos de corrupción que existe. Actualmente Loreto está considerado como la tercera o cuarta sede con mayores casos de corrupción a nivel nacional.
¿Cuántos casos existen en esta Procuraduría?
-Existen 3,100 casos de procesos por presunta corrupción, lo que ha llevado a entender que el índice de actos delictivos que afecta al erario estatal, es de mayor intensidad en la región Loreto. Y no sólo hablamos de Loreto como región, sino también de provincias. Esto ha conllevado a conocer la realidad de cada provincia donde justamente, a veces, no llegan las autoridades a ver cuál es la realidad o el alto índice delictivo que existe en torno a actos de corrupción.
¿Imagino que el presupuesto es corto, entonces cuál es su metodología de trabajo para poder cumplir con sus funciones?
-Tenemos competencia en Nauta, Datem, Requena, Ramón Castilla, Contamana, acá es la sede principal. Existe limitación presupuestal en cuanto a recursos económicos, pero la estrategia es clara, entendiéndose que nuestra finalidad es recaudar o recuperar el dinero apropiado de manera ilícita; es que se establecen fechas cada 3 o 5 meses para poder acudir a ciertas instancias del poder judicial para ejercer y poder cobrar las reparaciones civiles.
¿Logran hacer esos cobros o hay muchos deudores?
-En el año 2024 que asumí funciones, advertí que había una carencia en cuanto a poder recaudar reparaciones civiles y se plantearon estrategias. Fuimos a Requena, Nauta, Ramón Castilla, que conllevó a recaudar un mayor índice de reparaciones por el monto de 284 mil soles.
¿Y cuánto recaudaron en el año 2025?
-Bajó. Tenemos limitaciones en recursos humanos en el tema presupuestal, no se pueden realizar estas gestiones de manera concreta, pero ahí estamos insistiendo para cobrar el pago de reparaciones civiles cuando hay sentencias consentidas con reparaciones civiles favorables. El año 2025 recaudamos 180 mil soles.
Doctor usted habla de 3,100 casos por presunta corrupción es impensable que puedan avanzar, además del cuello de botella existente en el ministerio público…
-Lastimosamente en la región Loreto no tenemos un juzgado especializado en delitos de corrupción y eso conlleva a que los jueces en atención al universo de casos, sea más amplio. Lo que genera la saturación de los mismos juzgados y a la dilación de los procesos.
No es un problema de dejadez por cada representante del Estado o del sistema que lucha contra la corrupción, sino que no tenemos las herramientas suficientes para poder dar celeridad a este tipo de procesos.
Sabemos que el órgano jurisdiccional tiene una agenda totalmente recargada y eso no permite la fluidez de las audiencias y finalmente un avance condenatorio o absolutorio que conlleve a ejecutar un pago de la reparación civil. Con todo, hemos tenido logros significativos el año pasado, incluso logramos entre 3 a 4 resoluciones de casos emblemáticos.
Pese a las limitaciones seguimos adelante con nuestra función, es menester contar con mayores recursos presupuestales y recursos humanos necesarios para poder atender la sobrecarga procesal que existe en Loreto en atención a casos de corrupción.
¿Con cuánto personal cuentan?
-Con cuatro abogados y un asistente legal. Cada uno asume una carga de 700 casos y eso es demasiado. Lo ideal sería que cada abogado lleve una carga de 150 a 200 casos, pero se distribuye para atender y no generar indefensión del Estado, esto más allá de las limitaciones que podamos tener.
(Luz Marina Herrera Lama).
