- Declaró Juan Carlos Ruiz Molleda, destacado abogado peruano especializado en derecho constitucional y derechos de los pueblos indígenas.
Ruiz Molleda, es reconocido como coordinador del Área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal IDL. A quien se le consultó sobre la Ley 31301, ley que controla a las ONGs. Una norma que ha incluido entre 5 o 6 cambios, entre ellos la obligación de inscribirse, que hasta hace poco se hacía de manera voluntaria.
“Además, que se necesita la autorización de la Agencia Peruana de Cooperaciones Internacionales, para funcionar, eso va contra el Art 2-13 de la Constitución que dice que no se necesita la autorización previa del ejercicio del derecho de asociación. Indica que, si no cuentas con la autorización de ellos, no puedes trabajar y si trabajas, se te sanciona.
Y lo que para nosotros es más grave, es la prohibición de litigar casos contra el Estado. Hemos defendido y defendemos muchos casos, contamos con un área que lleva unos 150 casos litigando en defensa de grupos vulnerables. Y luego hay una norma terrible; antes la máxima sanción era de 40 UIT, ahora es de 500 UIT que equivale a 2´600 mil soles. Con eso liquidan a una ONG.
Hay una norma que dice que toda asociación debe estar orientada al desarrollo nacional. ¿Qué pasa si me opongo a un proyecto de oleoducto petrolero porque hay derrames, si me opongo a que haya actividades extractivas en un área natural protegida? ¿Me opongo al desarrollo? ¿Quién decide qué cosa va contra el desarrollo?
Hemos presentado una demanda de amparo para que no se aplique a IDL esta norma, hemos ganado en primera instancia. No puede ser que necesites la autorización de APCI para que tú puedas trabajar, eso lo prohíbe la Constitución. Estamos a la espera que se dicte la segunda instancia. Lo ideal sería una demanda de inconstitucionalidad contra la ley, pero se necesitan 5 votos de los 7 y no se tiene eso.
El año pasado APCI publicó su plan anual de supervisión de fiscalización y hemos salido sorteados. Van a fiscalizar 16 proyectos. En el año 2023 fue 1. En el año 2024 fueron 2. En el 2025 fueron 7 y ahora en el 2026, serán 16 proyectos”, explicó Juan Carlos.
¿Qué creen que hay detrás o quiénes están detrás de todo ello?
-Nuestra evaluación es que hay un tema de persecución, un tema de represalia, de castigo porque somos incómodos al poder. IDL reporteros ven casos de corrupción, IDL es un obstáculo para esta forma de ejercer el poder del pacto mafioso.
¿Piensan que cambiará con el cambio de gobierno?
-Si los fujimoristas que están en el congreso son elegidos nuevamente, creo que esto va a empeorar. No creo que solo van a liquidar a las ONG, sino que van a terminar de destruir el Estado, la separación de poderes. Controlan al Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, a la fiscalía de la Nación, Contraloría. Ahora quieren ir detrás del Poder Judicial, de la prensa. Buena parte de la prensa buena está controlada. Quieren controlar a la sociedad civil.
Declaró Juan Carlos, quien el día de ayer suspendió su viaje a Nauta debido a que el auto en que se trasladaba fue parado en 6 oportunidades, por la coyuntura del paro.
“Quería hacer seguimiento a la Resolución que determinó la atención sanitaria a 4 comunidades afectadas en Cuninico por derrame petrolero. Petroperú está demorando el tema de la compensación. Igual ver la ejecución de la sentencia del río Marañón como titular de derechos. En parte vienen cumpliendo con dar mantenimiento al oleoducto”, agregó.
