Por: José Álvarez Alonso
La avalancha de candidatos a los distintos puestos públicos para las elecciones regionales y municipales del próximo mes de octubre confunde sobremanera a los electores. Muchos no saben ya qué criterios usar para discernir cuál es mejor, si el que organiza vistosas fiestas callejeras, regala esto y aquello, y promete ‘el oro y el moro’, o el que se dedica a llamar la atención de público y medios con comportamientos o declaraciones altisonantes. Algunos de los candidatos son advenedizos, gente que no se sabe de dónde salió y quién les ha dado vela en este entierro, otros son viejos conocidos por sus prontuarios y kilométricos rabos de paja, crecidos a la sombra de la actividad pública pasada, o en turbios negocios privados.
Sobre las autoridades que quieren repetir el plano, no hay mucho que hablar. La gente ya conoce sus hechos, y los puede confrontar con las promesas hechas durante la campaña electoral; algunos no llegan a aprobar ni con un 11 raspadito, por su ineficiencia y por el incumplimiento de sus promesas, además de ser objeto de reiteradas denuncias y fundadas sospechas de malos manejos y negociados. Que dejen el espacio para otros con ganas realmente de hacer algo.
Con los nuevos en la cancha hay que utilizar otros criterios. A los electores que, como yo, no creen ni en promesas ni en palabras bonitas, sugiero aquí un criterio para discernir entre buenos y no tan buenos candidatos: la línea de vida. Es decir, su pasado. Si quien aspira a un puesto de servicio a la colectividad como magistrado público -sea en el Gobierno Regional o en una municipalidad- no se le conocen antecedentes de servicio a la sociedad, sino más bien un historial de tropelías, pillerías, requiebros con la justicia (aunque no tenga formalmente ‘antecedentes penales’, ya sabemos que la ‘guita’ es un limpiador más eficiente que la lejía), no hay más que hablar. Y que no me vengan con eso de que hay que darles una oportunidad, o aquello de que ahora sí les nació una repentina e irreprimible vocación de servicio absolutamente desinteresado por la sociedad. Dejemos las conversiones para el ámbito religioso: político que come huevo, digo plata, ni aunque le corten el pico…
Recientemente, la Dra. Delia Revoredo, destacada miembro del Tribunal Constitucional, afirmaba que para cualquier candidato a ese destacado puesto, además de la capacidad jurídica y del conocimiento del derecho constitucional, «debe tener una línea de vida con probada preocupación por los derechos humanos y con mucha valentía para sentenciar contra el amigo y el poderoso»; la capacidad técnica y la virtud intelectual no bastan. Un criterio similar debería aplicarse a todo ciudadano que aspira a ejercer un cargo público; si ese criterio se aplicase en las elecciones, creo que luego no andaríamos quejándonos de un Congreso lleno de comepollos, robaluces, lavapiés y otros otorongos, o no habríamos sufrido a alguno de los impresentables alcaldillos que nos han gobernado en estos últimos tiempos.
Para evaluar la línea de vida hay que tener cuenta diferentes aspectos, no sólo los relacionados con posibles actividades públicas, sino los relativos a la vida privada: por ejemplo, aquéllos que han estado involucrados en problemas con la justicia, por defraudación de impuestos o impago de deudas, por pago de alimentos a sus hijos, por no haber reconocido a hijos fuera del matrimonio, u otros escándalos similares, es obvio que no califican para ser autoridades.
Sin embargo, el no haber estado involucrado en actos ilegales no es suficiente para calificar como buen candidato; ni el éxito personal en sus actividades privadas es garantía para que un ciudadano califique para tan importantes funciones, que requieren de un espíritu particular de solidaridad y desprendimiento de los propios intereses. Para ser autoridad se requiere vocación de servicio: aquéllos a los que no se les ha conocido ni una acción desinteresada a favor de otros, si un gesto de apoyo por una persona necesitada con sus propios recursos, ni un apoyo a una causa o proyecto en beneficio de la colectividad, podrán ser ciudadanos decentes, pero no califican para ser servidores públicos ni merecen la confianza de los electores.
Tampoco califican los candidatos que ni siquiera han sido exitosos en su vida empresarial o privada, y son conocidos como «buenos para nada», por sus conspicuos y continuos fracasos en los negocios; quien no es capaz ni de administrar una pequeña empresa, menos lo será de una Municipalidad o un Gobierno Regional; uno en particular es conocido por haber hundido unas cuantas empresas puestas en su mano por su propio padre. No es de extrañar que su gestión haya sido un desastre, calificada por muchos analistas y muchos de los trabajadores municipales como la peor de la historia reciente de Iquitos. Las encuestas demuestran que los electores ya se percataron de su tremendo error y no volverán a reelegirlo. Esperemos que no se equivoquen con el próximo.
